El Observatorio DESCA, la Alianza contra la Pobreza Energética, La PAH de Barcelona e Ingeniería Sin Fronteras, junto con la Agencia de Salud Pública de Barcelona, presentan un informe para mostrar cómo se cruzan el género y las migraciones con los problemas de vivienda y pobreza energética
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El informe ofrece un análisis profundo de la inseguridad residencial y la pobreza energética de las usuarias de la PAH Barcelona y la APE, destacando cómo estas problemáticas afectan de manera diferente a varios grupos sociales, con especial énfasis en las mujeres, las familias con infantes y las personas inmigradas. Su estructura y contenido permiten identificar diversas problemáticas y proponer también soluciones concretas.
Aspectos clave del informe:
1. Datos Demográficos: La mayoría de las personas encuestadas son mujeres (71%) provenientes, con una alta proporción, de países de renta media y baja (43,2%). Esto pone de manifiesto la importancia de considerar el género y el origen en el análisis de la vulnerabilidad social. Las situaciones más comunes en este grupo son familias monomarentales y, en menor medida, mujeres solas y parejas con hijos.
2. Discriminación y Vulnerabilidad: Las mujeres inmigradas experimentan una discriminación significativa, con una mayor incidencia de racismo que afecta a su capacidad de acceso a la vivienda y a los suministros básicos (52,5% frente al 9,1% de los hombres). Esta doble vulnerabilidad (género y origen) exige una especial atención a las políticas públicas.
3. Condiciones Laborales: Las mujeres de países de renta baja son especialmente vulnerables a la precariedad laboral, mientras que las mujeres de países de renta alta sufren más las consecuencias de pensiones insuficientes. Esto destaca la necesidad de un enfoque diferenciado en las estrategias laborales y sociales.
4. Acceso a los Suministros Básicos: Las familias de países de renta baja, especialmente las monomarentales, presentan un elevado riesgo de endeudamiento y experiencias de cortes de suministro. Esta situación es crítica, ya que afecta directamente al bienestar de la infancia.
5. Propuestas de Intervención:
- Vivienda social: Incrementar el parque de vivienda social y garantizar acceso prioritario a colectivos vulnerables es crucial.
- Regularización administrativa: Flexibilizar los criterios para facilitar el acceso a los derechos básicos.
- Suministro Energético: Introducir medidas como los contadores sociales y ampliar el Bono Social para garantizar el acceso energético.
- Apoyo Psicológico: Incorporar servicios de soporte para aquellas personas afectadas por desahucios y situaciones de exclusión.
- Políticas de Género: Desarrollar políticas que protejan especialmente a las madres monoparentales y a las mujeres afectadas por la discriminación.
El informe concluye que es fundamental adoptar un enfoque integral en las políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda y afrontar las desigualdades estructurales. Esto implica no sólo abordar las necesidades inmediatas de las personas afectadas, sino también trabajar para cambios sistémicos que reduzcan la discriminación y promuevan la inclusión social. El enfoque debe ser multidimensional, teniendo en cuenta las intersecciones entre género, origen y otros factores que contribuyen a la vulnerabilidad.