La APE sitúa los principales retos para la próxima legislatura en encuentros con las principales fuerzas políticas
Los partidos se comprometen en asuntos pendientes como condonación de la deuda, el fondo de atención solidaria, los contadores sociales o la firma de acuerdos similares con otras compañías
Consenso entre las principales fuerzas con representación parlamentaria con el fin de desarrollar integralmente el convenio sobre pobreza energética entre la Generalitat y Endesa y conseguir replicarlo con el resto de grandes compañías. Éste es el titular que se desprende después de que la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) se haya reunido durante los últimos días con representantes del PSC, ERC, Junts, la CUP y Comuns-Sumar, con el objetivo de situar las prioridades y los temas no resueltos en la materia.
En un contexto de múltiples y posibles escenarios poselectorales, la APE quiere que el próximo gobierno trabaje intensamente por la aplicación completa del convenio firmado en marzo de 2021 entre la Generalitat de Catalunya y la principal energética del país, Endesa. En primer lugar, es necesario abordar la deuda acumulada por los más de 40.000 hogares vulnerabilizados catalanes, correspondiente a los años 2022 y 2023. El gobierno saliente no ha sido capaz de activar el fondo de atención solidaria contemplado en el acuerdo, que debía impedir la acumulación de deuda, y ha optado hasta ahora por la condonación año a año con mucho retraso. Tanto es así, que las anualidades de 2022 y 2023 todavía quedan pendientes, aunque los hogares con impagos han continuado recibiendo cartas amenazadoras por parte de la compañía, avisando de un posible corte a pesar de la protección ofrecida tanto por la normativa catalana (hogares con informe de riesgo de exclusión residencial) como por la estatal (hogares con bono social).
En este sentido, y, en segundo lugar, la APE considera necesario desplegar el antes citado fondo de atención solidaria y que éste sirva para ir condonando periódica y sistemáticamente los impagos de los hogares con informe. Ésta debería ser, pues, una tarea coordinada por la oficina de pobreza energética que el Departamento de Derechos Sociales ha puesto recientemente en funcionamiento. Asimismo, este órgano debe dar todo el apoyo necesario a los municipios y comarcas para gestionar las comunicaciones de aviso de impago entre las compañías y las administraciones.
En tercer lugar, es imprescindible que se desencalle la instalación de contadores sociales, el mecanismo contemplado en el convenio para facilitar la contratación provisional del suministro de electricidad para los casos de hogares en situación de ocupación en precario. Pese a su potencial −en el caso del agua se han instalado más de un millar−, desde el 2021 sólo unas sesenta familias se han podido beneficiar de esta herramienta. Es necesario que el próximo gobierno priorice la actual situación de bloqueo y garantice el acceso universal a la energía de la ciudadanía catalana, especialmente la más vulnerabilizada. Además, en relación con este tema, en los encuentros con partidos también se ha compartido la necesidad de confirmar el impulso de un protocolo de comunicación entre los Departamentos de Interior y de Derechos Sociales en cuanto a los cortes a bloques enteros ocupados con acompañamiento policial, tras el compromiso del consejero Elena hace más de tres meses.
Por último, la APE ve crucial que durante la próxima legislatura el gobierno pueda cerrar acuerdos similares al de Endesa con el resto de grandes compañías, especialmente con Naturgy −segunda empresa en número de clientes en Catalunya− e Iberdrola. Hasta ahora, éstas se han negado a negociar un convenio de estas características y los hogares vulnerabilizados bajo su servicio siguen acumulando deuda desde 2015.
La respuesta de las cinco fuerzas políticas −Cs y PP no respondieron a la convocatoria de la APE− al conjunto de prioridades para el nuevo gobierno ha sido positiva. El PSC, que hizo hincapié en su vocación municipalista, ha expresado que valora positivamente el convenio firmado con Endesa y que tiene la voluntad de potenciarlo. Por su parte, Junts ha defendido su apoyo absoluto a la Ley 24/2015 de pobreza energética y a los instrumentos que se deriven. ERC ha compartido su compromiso con el conjunto de medidas y la intención de seguir con todos aquellos temas pendientes que el actual gobierno no ha podido cerrar. La CUP también ha recibido positivamente el conjunto de retos pendientes y ha compartido que de cara a futuras condonaciones deberían ser las grandes compañías quienes asumieran el 100% de los impagos. Por último, Comuns-Sumar ha lamentado la fragmentación parlamentaria de la materia (algunos temas se discuten en Derechos Sociales y otros en Empresa), pero ha afianzado su posición favorable al conjunto de demandas.
Tras esta ronda de encuentros, la APE destaca el consenso compartido por todas las fuerzas participantes respecto a los retos y asuntos pendientes y especialmente en lo que se refiere al despliegue del convenio con Endesa y la necesidad de que estos compromisos se materialicen durante la próxima legislatura. Decenas de miles de familias catalanas dependen de un nuevo gobierno que sitúe la lucha contra la pobreza energética como una prioridad y desbloquee todos aquellos puntos que, tres años después, siguen obstaculizando la aplicación integral del convenio.