Entidades sociales, ayuntamientos e instituciones denuncian mala praxis de las empresas y la dejadez de funciones de la Generalitat
30 de noviembre de 2017
La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) hemos convocado a los 13 ayuntamientos más grandes de Catalunya, asociaciones municipalistas y entidades sociales para analizar la aplicación de la Ley 24/2015: los éxitos conseguidos y las dificultades en su aplicación. Ahora que llega el invierno, un periodo especialmente crítico en cuanto a la pobreza energética, hemos querido convocar al mundo municipal para asegurar que cualquier familia en situación de vulnerabilidad estará protegida contra los cortes de suministro de agua, luz y gas.
En la reunión han participado representantes de los municipios de Sant Boi de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Reus, Sabadell, Tarragona y Hospitalet de Llobregat, así como representantes del área Metropolitana de Barcelona, la Asociación Catalana de Municipios, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social y Ecoserveis.
En primer lugar hemos planteado la importancia de la Ley 24/2015 como una herramienta útil y necesaria, hemos explicado los principales cambios que implica el nuevo bono social aprobado por el Gobierno español el pasado mes de octubre y hemos planteado unas demandas muy concretas a los municipios:
– Hacer frente común en la defensa de la Ley 24/2015 como una herramienta que ha conseguido parar más de 30.000 cortes de suministro en Catalunya. Desde la APE hemos hecho mucho énfasis en la vigencia de la ley, por el hecho de que varios dirigentes políticos en las últimas semanas han creado confusión con declaraciones que afirmaban que la ley de pobreza energética está suspendida, hecho que en ningún caso es cierto. La parte de la Ley 24/2015 que recoge medidas contra la pobreza energética no fue objeto de recurso y por lo tanto nunca ha sido suspendida. También hemos pedido a los ayuntamientos que den un mensaje de tranquilidad a las familias en este sentido.
– Denunciar los cortes ilegales que a día de hoy aún se producen, puesto que la única vía que tienen los municipios para hacer cumplir la ley a las empresas suministradoras es denunciando y sancionándolas. No podemos permitir que se vuelva a producir un caso como el de Rosa en Reus. No queremos más muertes por pobreza energética.
– Exigir la firma de los convenios con las empresas suministradoras para acabar con las deudas de las familias y dejar de pagar con fondos públicos las facturas impagadas.
Algunos ayuntamientos nos han trasladado que han dedicado recursos ingentes a pagar facturas a familias en situación de vulnerabilidad y que es una situación del todo insostenible. Muchos también han expuesto que se han sentido muy solos en la aplicación de la ley durante estos dos años de vigencia, dado que la Generalitat no les ha facilitado casi protocolos de actuación ni les ha dotado de recursos para hacer frente a la aplicación de la norma.
Los Consistorios han denunciado mala praxis por parte de las compañías suministradoras que ponen trabas a la aplicación de la ley, por ejemplo, enviando listados con datos de locales comerciales o viviendas donde no vive nadie, o expedientes que están en gestión, y aun así cortan para poder exigir el cobro de la reconexión, entre otros. Finalmente se ha valorado muy positivamente la reunión como un espacio para compartir información y experiencias entre los diferentes municipios y nos hemos emplazado a un siguiente encuentro en los próximos meses.
Ahora que llega el invierno nos hemos querido avanzar y dar un mensaje claro a la ciudadanía y a las empresas suministradoras: que gracias a la ley no pueden cortar el suministro a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. No queremos más muertes por pobreza energética.
