La suspensión parcial de la ley surgida de la ILP Vivienda solo deja vigente la parte de pobreza energética y las obligaciones que recaen en la Administración
El Pleno del Tribunal Constitucional ha comunicado esta mañana la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por el gobierno en funciones del PP contra parte de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética.
La admisión conlleva la suspensión cautelar de los artículos relativos al mecanismo de segunda oportunidad (2, 3 y 4), del artículo que regula el alquiler social obligatorio por parte de los grandes propietarios (5) y la cesión obligatoria de pisos vacíos a la Administración (artículo 7), así como las sanciones por la no aplicación de la ley y la cesión de créditos litigiosos (DT 2ª, DF 3ª, DA). Continúan vigentes los artículos que hacen referencia a la obligatoriedad de la Administración a un realojo adecuado y las ayudas al pago del alquiler en casos de pequeños tenedores de vivienda para evitar los desahucios, todas las medidas que hacen referencia a la pobreza energética (artículo 6) y la definición de las personas en riesgo de exclusión residencial (art. 05:10).
La aceptación del recurso con suspensión por parte del TC permite ejecutar finalmente el último servicio del gobierno del PP a la banca, la suspensión de la única norma que garantiza el cumplimiento del art. 47 de la Constitución Española. A partir de ahora, con el traslado de la demanda al Congreso, al Senado, y al Parlament y la Generalitat de Catalunya, estas instituciones disponen de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
La Ley 24/2015 ha demostrado durante 9 meses que era la única norma en todo el Estado español que garantizaba una segunda oportunidad a las familias, detener los desahucios y garantizar el realojo. El inconveniente para el PP, y parece que también para el TC, ha sido que la ley recortaba los privilegios de la banca, porque no les permitía ejecutar los desahucios, los obligaba a hacer alquileres sociales a las familias y daba herramientas a la Administración para hacer la cesión obligatoria de los miles de pisos vacíos que acumula la banca, pisos que no están cumpliendo su función social.
Ya hemos advertido públicamente que, pese al recurso, no aceptaremos ningún retroceso en los derechos que la Ley protege. Esto quiere decir que la parte de pobreza energética se debe hacer cumplir de forma urgente y con contundencia más que nunca, a través de convenios que responsabilicen a las suministradoras, y con sanciones. Por otra parte, hay que movilizar viviendas vacías hacia alquiler social a través de las multas y sanciones en base a la Ley 18/2007.
Hay que recordar además, que queda vigente la obligatoriedad de la Administración Pública a realojar y a las ayudas al pago del alquiler. Esto supone que los presupuestos de la Generalitat, ahora en discusión, deben contemplar una partida suficiente para cubrir las necesidades en vivienda. Ayer mismo tuvimos que interpelar a los Grupos Parlamentarios para que no den su apoyo a unos presupuestos que no estén comprometidos con garantizar los desahucios cero, es decir, el derecho a la vivienda. Presupuestos que, a día de hoy, no lo pueden garantizar.
Esta misma necesidad la compartieron con el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 los 12 ayuntamientos más poblados de Catalunya, acordando instar a la Generalitat a aumentar la partida presupuestaria destinada a políticas públicas de vivienda, para dar respuesta a la emergencia habitacional y abrir urgentemente la convocatoria de nuevas ayudas de alquiler este año y los siguientes, en forma de convocatoria abierta permanentemente, como se hace en el resto de Europa, lo que permitiría evitar miles de desahucios.
De cara a las elecciones del 26J, recordaremos a los partidos que se presentan, su compromiso de retirar el recurso puesto por el PP en el TC, pero a la vez nos dejaremos la piel en Catalunya para activar todas las herramientas vigentes para seguir garantizando el derecho a la vivienda.
¡Avisamos a las entidades financieras y a los partidos políticos que responden a sus intereses que no podrán evitar que el clamor social para reconquistar el derecho a la vivienda digna se haga realidad!