La ILP de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética exige cambios legales urgentes en Catalunya para detener la vulneración sistemática de los derechos fundamentales
La vulneración de derechos humanos fundamentales se ha convertido en algo tristemente habitual en Catalunya. A 7 años desde el estallido de la burbuja, los efectos de la crisis siguen aumentando, condenando a la pobreza a una parte importante de la población. Catalunya encabeza los tristes rankings y se ha convertido en una de las Comunidades Autónomas más afectadas por la crisis, con más de 272.000 hogares donde todos sus miembros están en el paro [1], de los cuales 95.100 no perciben ningún ingreso [2].
Esta emergencia social es especialmente grave en el ámbito de la vivienda. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre el 2008 y el 2013 se iniciaron 98.040 procedimientos de ejecución hipotecaria en Catalunya. En muchos casos, estos procedimientos conllevan pérdida del hogar y una deuda impagable con las entidades financieras. A las ejecuciones hipotecarias se añaden las dificultades para hacer frente al pago del alquiler. En el año 2013, un 67% de los 16.008 desahucios que se produjeron en Catalunya estuvieron relacionados con el impago del alquiler.
Este panorama se ve agravado por la existencia de un mercado privado de alquiler escaso, caro y altamente especulativo, y por la falta de un parque de vivienda social que permita realojar a las familias afectadas. Las viviendas de alquiler social no llegan a las 30.000 -un 1% del parque habitacional-, ante el 18% de que disponen los países del entorno europeo. Pero en cambio, Catalunya dispone de 448.356 pisos vacíos -13% del parque-, muchos de ellos propiedad de entidades financieras rescatadas con dinero público.
Asimismo, resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energética. Desde 2008, el recibo de la luz ha subido un 60% [3] y el del agua un 66% [4]. Durante 2011, 193.000 hogares catalanes -un 6,9% del total- no pudieron asumir el gasto de mantener la vivienda a una temperatura adecuada [5]. La emergencia de la pobreza energética ha provocado que surjan nuevos espacios de defensa de los derechos más fundamentales, como la Alianza contra la Pobreza Energética [6].
Esta situación contrasta con los grandes beneficios obtenidos por entidades financieras (7.674 M € durante 2013 por parte del Santander, BBVA, CaixaBank, Popular y Sabadell) y empresas de suministros (7.639 M € [7] entre Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON España y EDP durante los tres primeros trimestres). Hay que recordar, igualmente, que desde que comenzó la crisis, las administraciones públicas han transferido alrededor de 165.000 M € a las entidades financieras, sin pedir nada a cambio.
En 2102 la PAH, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, presentó una ILP de ámbito estatal que recogía las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional: dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social. La ILP contó con 1,5 millones de firmas y supuso un proceso importantísimo de empoderamiento colectivo y de reclamo del derecho a la vivienda. A pesar de contar con el apoyo del 90% de la población, el PP bloqueó y esquivó la aplicación de la ILP con la aprobación de la Ley 1/2013, que a día de hoy, se ha demostrado totalmente inútil para detener la pérdida de la vivienda y la condena financiera.
En Catalunya, en 2012, el mismo Parlament aprobó por unanimidad -en apoyo a la ILP de la PAH- una propuesta de ley para prevenir el sobreendeudamiento y adoptar medidas contra los desahucios que recogía la dación en pago [8], que fue trasladada al Congreso de los Diputados y rechazada por el PP. Sin embargo, las medidas que ha adoptado el Govern de la Generalitat no han estado a la altura de la emergencia habitacional que vive la población catalana.
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) nació hace 5 años en Barcelona, y hoy día hay más de 60 PAH catalanas, y si algo ha demostrado la PAH, es que «Sí, se puede» detener la vulneración de derechos.
La población afectada no puede esperar más, ya que hay literalmente «vidas en juego». Los poderes públicos tienen la obligación de legislar para garantizar derechos fundamentales, y la presión para que se garanticen irá en aumento hasta alcanzar cambios reales y efectivos.
Por ello, desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, interpelamos al Parlament de Catalunya para que haga efectivo el derecho a una vivienda digna y a una segunda oportunidad, a partir de las competencias exclusivas en materia de vivienda y consumo.
La ILP de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética, propone la adopción de los siguientes compromisos por parte del Parlament de Catalunya:
a) Adopción de mecanismos que otorguen una segunda oportunidad a las familias sobreendeudadas con gastos vinculados a la vivienda habitual.
b) Promover el alquiler social de las viviendas propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de vivienda, para detener los desahucios.
c) Para poder hacer efectivo el desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, las administraciones públicas deberán garantizar un realojo adecuado.
d) Garantizar el acceso a suministros básicos de agua, luz y gas.
e) Creación de un parque de vivienda asequible a través del alquiler forzoso de los pisos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de vivienda que estén en desuso o infrautilizados de manera injustificada durante 2 años.
Hoy lanzamos con energía esta nueva campaña, y estamos seguras de que a partir de septiembre se recogerán miles de firmas, llegando seguro a las 50.000 necesarias. Pedimos el apoyo de la sociedad catalana para conseguir que la ILP que hoy presentamos sea una realidad.
Con esta ILP, el Parlament de Catalunya tiene la oportunidad de demostrar si están del lado de las personas, o de la banca y las grandes corporaciones.
¡Por el derecho a la vivienda, contra los desahucios y la pobreza energética!
¡Sí, se puede!
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[1] Idescat;
Catalunya ja té 267.000 famílies amb tots els seus membres a l’atur – El Punt Avui
El Congreso rechaza con la mayoría del PP la propuesta catalana a favor de la dación en pago