El cambio de cromos entre PP y PSOE no ataca la pobreza energética ni sus causas

Se ha perdido la oportunidad de legislar a nivel estatal el principio de precaución

21 de diciembre de 2016,
Hoy miércoles nos hemos reunido con los grupos políticos del Congreso a raíz de la noticia de ayer en los medios sobre un pacto entre PP y PSOE para reformar el bono social a través de un Real Decreto Ley este viernes en el consejo de ministros. El PSOE habría cedido a no incluir la distribución, la generación ni el transporte como actividades que deben financiar el bono social, a cambio de que se incluyera en la ley del sector eléctrico un nuevo supuesto de suministro esencial que no pueda ser interrumpido, el de las familias vulnerables en situación de pobreza energética severa.

En este marco, las reuniones que hemos mantenido con PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos-En Comú Podem como Alianza contra la Pobreza Energética (APE) han girado en torno a trasladar nuestra profunda indignación porque una maniobra de este tipo puede estar dejando fuera a una gran parte de la población afectada por pobreza energética, además de obviar algunas de las causas más notables de ésta, especialmente las relacionadas con el hecho de que actores con gran poder, como las grandes suministradoras de agua, luz y gas, gestionen derechos básicos.

En primer lugar, el concepto de pobreza energética severa no cubre la totalidad de la población afectada por pobreza energética, y tampoco protegería a las familias que podrían entrar en este supuesto pero que se encuentran en situación de vivienda recuperada. La mera inclusión de esta nueva categoría en la ley del sector eléctrico no garantiza por sí misma el fin de los cortes de suministro a las familias vulnerables, ya que haría falta definir los baremos de esa vulnerabilidad (no olvidemos, sólo severa), y los procedimientos y protocolos para parar los cortes. Según explican el PP y el PSOE, esto ha de ser reglamentado a posteriori, en coordinación con las Comunidades Autónomas. Por tanto, este pacto a día de hoy es papel mojado y una foto de cara a la galería, detrás del cual no existe ninguna concreción.

Así pues, por un lado, con esta propuesta no se estarían prohibiendo los cortes de suministro, sino que se estaría instando a las Comunidades Autónomas a legislar en esta cuestión. Cataluña tiene ya protección en este sentido gracias a la Ley 24/2015 impulsada por la ciudadanía, pero en el resto de CCAA la situación seguirá siendo la misma (y la deuda de las familias se continuará acumulando), conformando finalmente un puzzle de protecciones desiguales en cada territorio. El gobierno ha estado evitando legislar sobre pobreza energética aunque las directivas europeas se lo permiten desde hace años, tanto en la imposición de obligaciones de servicio público a las empresas del sector -que pueden ir más allá del bono social-, y en la prohibición de los cortes de suministro. No se estaría incurriendo en ninguna incompatibilidad de competencias si el Estado legisla sobre las obligaciones de estas empresas en la prestación de su servicio y las comunidades autónomas colaboran en la prevención o el seguimiento más cercano de las familias vulnerables.

Por otro lado, la decisión de que sean sólo las comercializadoras las que asuman el coste del bono social, nos parece un grave error, y algo en lo que el PSOE no debería haber cedido. Además, parece que estas empresas estarían aportando los fondos según nº total de clientes (contando igual un cliente doméstico que un cliente industrial), en detrimento de un sistema que tenga en cuenta el volumen de negocio, o el volumen de kWh comercializados. Esto beneficia sobremanera a las grandes empresas del oligopolio, y da a las pequeñas comercializadoras una responsabilidad difícil de asumir que las puede llevar a la ruina. El Tribunal Supremo puede volver a tumbar esta forma de financiamiento, pero la prisa por hacerse la foto ha llevado a estos partidos a no ahondar en lo que podría ser una verdadera tarifa social. Sigue sin solucionarse, además, la patata caliente que implican los 500 millones que supuestamente hay que devolver al Oligopolio eléctrico por los importes que pagaron en 2014, 2015 y parte de 2016. Desde la APE tenemos claro que esto no puede salir de los Presupuestos Generales del Estado ni mucho menos permitir que eso se repercuta en la factura.

Y finalmente, lo que no cubra el bono a reformar, que será todavía muy insuficiente, se apunta a que saldrá de las CCAA. Parece que nada se haya aprendido del trabajo que los movimientos sociales y las entidades que estamos trabajando para acabar con la pobreza energética llevamos años denunciando. No se puede continuar con la lógica de que ingentes cantidades de dinero público sirvan para aumentar los beneficios de las grandes suministradoras. Así pues, remarcamos que parar los cortes a nivel estatal -y concretar de qué forma y con qué procedimiento se hará- es tan urgente como el hecho de responsabilizar a las eléctricas (concretamente a las que conforman Unesa) de que paguen “la factura” de una problemática que están esquivando año tras año, caso tras caso.

La urgencia de la pobreza energética, ante la cual estos mismos partidos no han dado respuesta durante legislaturas anteriores, requiere de medidas integrales y mirada amplia, que tienda hacia máximos ahora que el consenso social está presente y vivo, pero no de medidas de parche, apresuradas e insuficientes. Ante este escenario, desde la Alianza contra la Pobreza Energética recordamos nuestras demandas a los grupos políticos con los que hoy nos hemos reunido, y solicitamos que hagan público su apoyo a estas:

– Que el principio de precaución para evitar los cortes se legisle y concrete a nivel del Estado español. Este debe permitir paralizar los cortes y alcanzar así la garantía de suministro con carácter universal. Es la empresa quien tendrá que consultar antes de realizar ningún corte previamente con servicios sociales si en la vivienda que se ha producido el impago hay familias vulnerables.

– Una tarifa social adaptada a los ingresos del hogar: progresiva (paga más quien más consume), en función de la renta, que se aplique de manera automática en los casos establecidos, y que esté disponible también para el gas.

– Una financiación a cargo de las empresas que controlan el mercado eléctrico. No podemos dejar fuera a las grandes distribuidoras que, recordemos, en 2016 recibieron una retribución de más de 4.000 millones de euros.

Es lamentable que para una cuestión tan importante, en la que hay vidas en juego, se apruebe un parche para que los partidos se hagan la foto justo al inicio del invierno, con un pacto que no soluciona el problema de la pobreza energética y que tiene todos los números para ser un papel mojado más. La muerte de Rosa en Reus nos lo recuerda. La foto de PPSOE de hoy nos lo confirma.