El Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) iniciamos la campaña de recogida de firmas para detener la emergencia social que se vive en Catalunya: una media de 43 desahucios al día y más del 10% del vecindario afectado por cortes de suministros básicos como agua, luz y gas.
Con esta iniciativa, las entidades impulsoras queremos evidenciar la necesidad de que el gobierno de la Generalitat haga uso de las competencias de que dispone en materia de vivienda y protección de los consumidores y adopte medidas urgentes en favor de las familias afectadas por la crisis. Con un 19% de paro, 726.000 personas (más del 60% de las cuales en paro de larga duración), Catalunya se ha convertido en una de las Comunidades Autónomas más afectadas por la crisis económica. Según datos recientes del Instituto de Estadística de Cataluña, 220.700 hogares tienen a todos sus miembros en paro, de los cuales 106.700 no perciben ningún ingreso. Asimismo, cada vez son más las personas que, a pesar de trabajar, no disponen de los ingresos suficientes para hacer frente a los gastos familiares básicos.
Esta situación de emergencia social es especialmente grave en el ámbito de la vivienda. Según datos judiciales, desde que comenzó la crisis en 2008, Catalunya acumula más de 50.000 desahucios por motivos económicos (43 desahucios al día), encabezando el ranking de la pérdida de vivienda en todo el Estado. Según la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, las viviendas de alquiler social no llegan a las 30.000 -un 1% del parque habitacional, frente al 18% de los países europeos de nuestro entorno-, cantidad del todo insuficiente para responder a la demanda habitacional.
Muchas de las familias desahuciadas, a la vez, son víctimas de la sobreexposición al crédito hipotecario, y actualmente sufren una auténtica muerte civil. El sobreendeudamiento, de hecho, es una de las problemáticas más acuciantes de las familias hipotecadas, muchas de las cuales están integradas por menores de edad que se ven directamente afectados, como así refleja el informe: «Emergencia Habitacional en el Estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de Derechos humanos”.
Igualmente, resulta especialmente alarmante el crecimiento de la pobreza energética que actualmente afecta a más del 10% de la población en Catalunya. Así, más de 320.000 familias no pueden mantener sus hogares a temperatura adecuada por falta de recursos económicos o porque ya han padecido cortes de suministro energéticos (luz y gas) y de agua.
Este crecimiento de la pobreza energética está vinculado, tanto a la deficiente calidad energética del parque de vivienda existente, como a la subida indiscriminada de los recibos de agua, luz y gas. Suministros todos ellos en manos de empresas oligopolístisticas. No es casualidad que en España el precio de la energía sea un 30% más caro que la media de la UE, y que los beneficios de las compañías sean el doble que los beneficios del sector a nivel europeo.
Afortunadamente, Catalunya dispone de los recursos legales y materiales necesarios para hacer frente a la situación. En particular, Catalunya acumula 450.000 viviendas vacías (100.000 en manos de las entidades financieras, 80.000 viviendas nuevas de nueva construcción y 270.000 viviendas particulares). Por su parte, las compañías eléctricas, con una media de beneficios de unos 3.849 millones de euros entre 2008 y 2012, gozan de una situación económica privilegiada. De lo que se trata, pues, es de utilizar las competencias exclusivas del Govern de la Generalitat en materia de vivienda y protección de consumidores, para detener la concentración de la riqueza por parte de las grandes empresas de suministros, entidades financieras, fondos buitre y grandes inmobiliarias.
Con este objetivo en mente, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC presentamos la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética, ILP que fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament el pasado 13 de octubre.
En concreto, proponemos 6 medidas de mínimos imprescindibles para hacer frente al sobreendeudamiento, los desahucios y los cortes de suministros básicos:
• Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad para las personas sobreendeudadas, mediante dos procedimientos (uno de extrajudicial y uno de judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar las deudas vinculadas con la vivienda habitual para poder empezar de nuevo.
• Ningún desahucio para las familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, estableciendo la obligación a las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad.
• Ningún desahucio para familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler cuando los propietarios sean bancos, fondos buitre o grandes inmobiliarias, estableciendo la obligación de estos grandes tenedores de viviendas de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad.
• Todas las ayudas para las familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler de pisos propiedad de personas físicas. Cuando el propietario del inmueble sea un pequeño propietario, en cambio, será la Administración la obligada a conceder ayudas para que el afectado pueda seguir en la vivienda o asegurar un realojo adecuado.
• Creación de un parque de alquiler social a través del alquiler forzoso de los pisos vacíos en poder de bancos y grandes tenedores de vivienda.
• Impedir los cortes de luz, agua o gas que afectan a familias en situación de vulnerabilidad y garantizar el derecho al acceso a suministros básicos de agua, luz y gas de las personas en situación de vulnerabilidad. Se establecerá un protocolo obligado de comunicación e intervención previa de los Servicios Sociales para aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro. Así mismo, la contribución por parte de las empresas suministradoras en la lucha contra la pobreza energética a través de acuerdos con la Administración que establezcan líneas de ayuda o descuentos muy significativos en el coste de los consumos mínimos de las personas en situación de vulnerabilidad.