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La Alianza contra la Pobreza Energética sale a la calle para denunciar la falta de medidas efectivas de las empresas suministradoras y gobierno catalán ante la pobreza energética

El precio de la energía en el Estado español es el 30% más caro que la media de la UE, mientras que los beneficios de las compañías son el doble

19 de noviembre La Alianza contra la Pobreza Energética, conjuntamente con diferentes PAHs del Estado (Asturias, Camp de Túria, Granada, Lanzarote, Berriozac y Vallecas), ocupan las centrales de Endesa, Gas Natural y Agbar, entre otras, y realiza una rueda de prensa en el Parlament para denunciar la falta de responsabilidad de las mismas en la problemática de la pobreza energética, así como la ausencia total de medidas efectivas por parte de la Generalitat.

En abril de 2013, el Pleno del Parlament de Cataluña aprobó una moción que instaba al gobierno catalán a promover, de manera inmediata, las medidas necesarias para combatir la pobreza energética y evitar los cortes indiscriminados de los suministros a las familias en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, un año y medio más tarde, podemos afirmar que la Generalitat no ha impulsado ninguna medida efectiva, sólo un decreto inútil al que únicamente se acogieron 800 personas de las más de 320.000 familias que sufren pobreza energética en Cataluña.

Por su parte, las empresas suministradoras no están asumiendo ninguna responsabilidad en la gestión de unos servicios básicos de interés general y giran la cara a una problemática que hoy en día afecta a más del 10% de los hogares catalanes.

Una violación a la salud y a los derechos humanos

Ante esta “lavado de manos”, las entidades que formamos parte de la Alianza contra la Pobreza Energética denunciamos el incumplimiento sistemático de los acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre otros convenios internacionales de derechos humanos, donde se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. De este precepto se desprende el derecho de toda persona a disfrutar del derecho a una vivienda digna con acceso a los servicios básicos de luz, agua y gas. Ahora bien, la realidad es otra: la pobreza energética afecta directamente a la salud de las personas. Recordemos que sólo en 2012 se produjeron en el Estado español entre 2.400 y 9.600 muertes prematuras vinculadas a esta problemática. En comparación, la cifra de víctimas en accidentes de tráfico en la carretera, una problemática mucho más reconocida por las administraciones y la sociedad en su conjunto, se situaba en 2012 en 1.129 muertes. Por otra parte los sindicatos de bomberos han alertado de que al menos el 70% de las víctimas mortales de 2014 son atribuibles directa o indirectamente a la pobreza energética.

Las causas de la pobreza energética están directamente relacionadas con el aumento de los precios de la energía y del agua, la reducción de las rentas familiares y una baja calidad del parque de viviendas.

En cuanto a la primera causa, los precios de la energía y el agua han subido, desde 2007, más del 60%, y en la última década se han doblado, situándose el coste de la energía a día de hoy en un 30% por encima de la media europea. Un consumidor medio ha pagado 360 euros más en 2013 que en 2007. En cambio, sólo en el período 2007-2011 el ingreso anual del 10% de la población más pobre pasó de 4.664 euros por persona a 2.685 euros en 2011.

Por el contrario, el oligopolio eléctrico, plagado de exministros y presidentes, duplica los beneficios de las europeas. Las sucesivas subidas de la luz registradas han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a las compañías eléctricas desde que comenzó la crisis económica. La patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña (PIMEC) asegura que entre 2003 y 2011, las grandes eléctricas han obtenido un ratio de beneficio sobre ventas siete veces superior al conjunto de las PYME catalanas.

El binomio del imparable aumento de los precios de la energía y la caída en picado de las rentas familiares ha llevado a que en el Estado español se estén produciendo más de 2 millones de cortes de suministro al año por impago. Sólo Endesa e Iberdrola cortaron la luz a 1 millón de personas en 2013. Por el contrario, este 2014 Endesa ha repartido 14.600 M € en dividendos extraordinarios. Por su parte, Agbar admite 150.000 cortes de agua anuales y en referencia al gas hay que recordar que la semana pasada se han pagado 1.350 M € a la empresa de Florentino Pérez como compensación por la paralización y desmantelamiento del proyecto fallido Castor que provocó más de 400 terremotos en la costa litoral de Castellón. Pago que tendrá que afrontar la ciudadanía en la factura del gas durante 30 años y que podría ascender a más de 4.700 M € debido a los intereses bancarios.

Con el objetivo de mantener los beneficios, las compañías suministradoras utilizan la práctica mafiosa del acoso telefónico, en la que a través de la subcontratación de una empresa de morosidad, se realizan llamadas a altas horas de la madrugada para exigir el pago de su recibo.

Estamos, sin duda, ante una violación sistemática de los derechos humanos, un problema estructural que requiere medidas estructurales urgentes. Es por ello que la ciudadanía dice basta y hoy en varias ciudades del Estado estamos llevando a cabo acciones para denunciar y visualizar la situación de aumento de la pobreza energética mientras las administraciones miran hacia otro lado y las empresas suministradoras mercantilizan los derechos humanos.

Por lo tanto, porque defendemos el derecho universal a la vivienda digna con acceso a los servicios básicos de luz, agua y gas, exigimos:

  • Que se garantice un mínimo de los servicios a todas aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
  • Que se ponga fin a los cortes indiscriminados y por tanto se aplique el principio de precaución, por lo que no se podrá realizar ningún corte si no hay autorización previa de servicios sociales.
  • Que los costes de los impagos sean asumidos por las propias compañías suministradoras, en ningún caso por la administración pública, porque eso significa la transferencia de fondos públicos a entes privados para alimentar los beneficios de unos cuantos bolsillos.
  • Que se realice una auditoría pública de los costes del servicio y el déficit tarifario para depurar responsabilidades, reducir costes y condonar la deuda ilegítima asociada, reduciendo así la tarifa.
  • Que se publiquen los datos de todos los cortes que se han producido desde 2005 desglosados ​​por municipio y que estos sean remitidos al Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT).
  • Que se informe de las medidas tomadas por todos los actores sociales, tanto a las familias vulnerables como a los servicios sociales. Por ejemplo, a través de los recibos y cartas de notificación de retrasos en los pagos.

¡Ni sed ni frío ni oscuridad! ¡Ni una familia más a oscuras!

2014/11/19 - Comunicado
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