Martes, 19 Noviembre

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En el Pleno de la emergencia social, en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la prioridad debe ser la aplicación de la Ley 24/2015

Barcelona, 9 de marzo de 2016. Coincidiendo con el Pleno sobre emergencia social que tendrá lugar entre hoy y mañana en el Parlamento de Cataluña, la comisión promotora de la ILP vivienda queremos poner sobre la mesa que es urgente la aplicación integral de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que ya hace más de 7 meses está en vigor.

Esta ley, fruto de una ILP impulsada desde la calle, consiguió el apoyo de 150.000 catalanes recogiendo un gran reclamo social y se aprobó por unanimidad en el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 23 de julio. Conscientes de que aprobar una ley no cambia la realidad, desde septiembre hemos interpelado a los jueces decanos para su aplicación y hemos trabajo conjuntamente con la Generalitat, la Agencia de la vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de Consumo de Cataluña, en la elaboración de guías de aplicación de la norma para ayuntamientos, usuarios y entidades financieras. Además, participamos en las 9 formaciones que se hicieron por todo el territorio catalán a más de un millar de trabajadores de la Administración local. Todo un esfuerzo que valoramos como muy positivo pero que no implica que el trabajo esté terminado.

Por este motivo, el pasado 26 de enero enviamos una carta abierta al reciente presidente Puigdemont -que, por cierto, no ha respondido- para recordarle los objetivos que todavía quedaban pendientes de asumir para la aplicación integral de esta ley y para saber si el nuevo gobierno tiene como prioridad terminar con la emergencia en la vivienda y la pobreza energética. Fruto de esta carta, se han realizado dos reuniones con la Generalitat: la primera con la Consejera Meritxell Borràs, el Secretario de Vivienda, Carles Sala, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de Consumo de Cataluña; y la segunda tan solo con el Secretario de la Vivienda, las dos agencias y sus respectivos responsables, Jaume Font y Alfons Conesa. En las reuniones mantenidas con los responsables del Gobierno, trasladamos un mensaje nítido y claro: es necesario aplicar con decisión y desplegar con celeridad este nuevo instrumento legislativo que nos brinda la oportunidad de revertir la emergencia de la vivienda en Cataluña.

Las cinco actuaciones urgentes que recogía la carta al President Puigdemont son: aprobar el reglamento de segunda oportunidad que permitirá a las familias dejar atrás el sobreendeudamiento asociado a la vivienda y comenzar de nuevo; movilizar la vivienda vacía de bancos y grandes tenedores necesario para realojar a las familias en situación de exclusión residencial mediante la cesión obligatoria; liberar a las familias de la deuda que se deriva de la pobreza energética firmando los convenios con las suministradoras de agua, luz y gas que la Ley establece; sancionar los incumplimientos de la Ley por los cortes que se producen, y dotar con una partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial.

Hace un mes y medio que el nuevo Gobierno de la Generalitat tiene sobre la mesa estas actuaciones prioritariaspero, a pesar de los avances, los tiempos se alargan de nuevo y no llegamos a ver el resultado deseado: trasladar el mensaje a los bancos y suministradoras de que esta norma ha llegado para quedarse y para parar la vulneración diaria de la vivienda en Cataluña.

Se trata de una Ley de emergencia, y por tanto, cada día que pasa sin aplicarse totalmente, esta se agrava y golpea a las familias catalanas. Las deudas de por vida, los desahucios y los cortes son inaceptables. Pero todavía es más escandaloso y alarmante tener herramientas para erradicarlos y no utilizarlas como hace falta.

En este sentido, es necesario que el Gobierno de la Generalitat tome de forma prioritaria las siguientes acciones:

1. Iniciar la tramitación del reglamento para habilitar el mecanismo de segunda oportunidad para que las familias puedan terminar con el sobreendeudamiento asociado a la vivienda habitual, que les asfixia. El vacío que genera la falta de este mecanismo provoca que algunas entidades financieras hagan chantaje a las familias condicionando daciones con renuncia al alquiler social que obliga por Ley.

2. Impulsar definitivamente la movilización de las viviendas vacías de los grandes tenedores (comenzando por los bancos) iniciando cesiones obligatorias, dando a la vez ejemplo y seguridad a los Ayuntamientos para que también las inicien. Los responsables del gobierno nos comunicaron que iniciarían todas las cesiones de vivienda vacía necesarias para atender los casos de la mesa de emergencia de la Generalitat de Cataluña. Todavía no hemos visto los resultados reales de esta afirmación. Mientras tanto, diariamente la PAH está realojando familias en exclusión residencial, con su campaña de la Obra Social, que tendría que estar realojando la Generalitat y los Ayuntamientos. También es un hecho innegable que, en estos momentos, entidades financieras como BBVA, la SAREB y otras tienen miles de viviendas vacías y se niegan a dar alquiler social a las familias afectadas que deben ocuparlas porque las administraciones no tienen ni movilizan suficiente vivienda social para atenderlas. La Generalitat y los Ayuntamientos pueden demostrar que quieren resolver la histórica infradotación de vivienda social en Cataluña iniciando la cesión de tantas viviendas vacías (22.000 de grandes tenedores ya identificados en Cataluña) como familias en exclusión residencial haya, cumpliendo con el artículo 5.6 de la Ley, que establece el derecho a realojo adecuado.

3. Hacer sentarse a las compañías suministradoras implicando representantes de máximo nivel del Gobierno, como el mismo Presidente o el Consejero Junqueras, para conseguir que en las próximas semanas se firmen convenios necesarios para que estas se hagan cargo de las ayudas necesarias y de los descuentos en las facturas de las personas en riesgo de exclusión residencial, como marca la Ley. Se debe asegurar el cumplimiento real del principio de precaución para frenar los cortes que todavía, hoy en día, se producen y hacer públicos los más de 65 expedientes sancionadores de denuncias por incumplimiento de esta ley que ya ha abierto la Agencia Catalana de Consumo.

4. Dotar de partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial. Ésto significa calcular qué presupuesto es necesario para dar cobertura a lo que determina la Ley, como por ejemplo: garantizar las ayudas de alquiler social para evitar desahucios en viviendas de pequeños propietarios, la formación de comisiones para el sobreendeudamiento, la ampliación del registro de viviendas vacías de grandes tenedores, y personal suficiente para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley.

Es de sentido común que, si hoy y mañana el Parlamento de Cataluña debate sobre la emergencia social en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la prioridad de este plenario sea activar todos los mecanismos necesarios para la aplicación efectiva de esta ley. El plan de choque para hacer frente a la emergencia habitacional lo ha marcado la ciudadanía y la sociedad civil hace tiempo y el mismo Parlamento, y este plan es: aplicar íntegramente la Ley 24/2015 y hacerla cumplir hasta terminar con las deudas de por vida, los desahucios, los cortes de suministros y la falta de vivienda social en Cataluña.

Con la misma contundencia que desde que nació la PAH hace 7 años y hasta ahora, hemos denunciado la vulneración diaria de los derechos a la vivienda en Cataluña y a sus responsables, comenzaremos a partir de hoy, a denunciar la inacción de los responsables de la aplicación de la Ley 24/2015, tal y como decidimos este mismo sábado en la asamblea de las PAHs catalanas.

#AvuiEsPot #StopEmergènciaHabitacional

Grupo Promotor de la ILP Vivienda, la Ley 24/2015

Barcelona, 9 de marzo de 2016

 

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Barcelona, 14 de marzo de 2016. El pasado 29 de julio se aprobó en el Parlamento de Cataluña la Ley 24/2015, que consiguió el apoyo de 150.000 catalanes antes de su tramitación. Esta es la única ley del Estado español que garantiza el acceso a los suministros básicos y por tanto, es un instrumento legal indispensable para hacer frente a la pobreza energética. Con la ley y el establecimiento del principio de precaución se da un giro de 180º a la hora de atender la pobreza energética: ya no se presupone que si no pagas es porque no quieres, sino que si no pagas es porque no puedes. Además, la ley pretende dar responsabilidades compartidas a la Administración y a las empresas suministradoras en la garantía del acceso a los suministros básicos.

Conscientes de que aprobar una ley no cambia la realidad y que es básica su aplicación, hemos interpelado a administraciones locales, comarcales y autonómicas para garantizar su cumplimiento. Éstas tienen su obligación para firmar convenios con las empresas suministradoras de agua, luz y gas, que permitan a las familias liberarse de la deuda que deriva de la pobreza energética. De la misma manera, las administraciones deben velar por el cumplimiento de la ley y sancionar a las empresas suministradoras por los cortes que hoy en día se siguen produciendo en los municipios de Cataluña.

Municipios grandes como el Ayuntamiento de Barcelona, que tendrían que ser la punta de lanza en la aplicación de esta ley, se han mostrado totalmente inmóviles. Desde la Alianza contra la pobreza Energética (APE) mantuvimos 5 reuniones con los responsables políticos de este ayuntamiento, la teniente de alcalde Laia Ortíz, y con su equipo de trabajo para poner hilo en la aguja en la aplicación de la ley. Pero hace siete meses que el nuevo gobierno municipal tiene sobre la mesa una ley que está obligada a cumplir, y todavía hoy no ha llegado a ningún resultado deseado. La falta de estrategia a la hora de enforcar el problema, reduciendo su acción a la eficiencia energética, hace que no tenga capacidad de abordar la emergencia social actual en torno a la pobreza energética.

La ciudad de Barcelona no puede esperar ni un minuto más, cada día que pasa sin aplicar la Ley 24/2015 se agrava la situación de las familias, y las empresas suministradoras siguen actuando con total impunidad. Los cortes de suministros y las deudas ilegítimas, son una violación sistemática e inaceptable de la garantía de acceso a unos derechos tan básicos, como el agua, la luz y el gas. Pero todavía es más alarmante la falta de gobiernos valientes que tienen herramientas para erradicar la situación y no las utilizan como hace falta.

Exigimos urgentemente al Ayuntamiento de Barcelona que aplique con determinación la ley y en los próximos 10 días, tal y como se comprometieron en la reunión del pasado 11 de marzo, lleven a cabo las siguientes acciones:

  1. Garantizar el no corte en la ciudad de Barcelona aplicando la Ley 24/2015 y por tanto, exigiendo a las compañías que antes de efectuar ningún corte faciliten los datos a Servicios Sociales para valorar si se trata de una familia en riesgo de exclusión residencial.
  2. Iniciar expedientes sancionadores por los cortes producidos por violación del principio de precaución.
  3. Firmar un convenio con las empresas suministradoras donde sean estas las que se hagan cargo de la deuda de las familias en situación de riesgo de exclusión residencial. En el caso de que se nieguen a firmarlo, hacer público el desacuerdo y utilizar todas las medidas de presión necesarias para que se termine firmando.
  4. Informar adecuadamente a su ciudadanía de los derechos contenidos en la Ley 24/2015, tanto en la página web del Ayuntamiento de Barcelona como en los Servicios Sociales y las oficinas de vivienda.

De la misma manera que hemos denunciado reiteradamente la vulneración sistemática de la garantía a los suministros básicos por parte de las suministradoras, seguimos denunciando también la inacción de los responsables de la aplicación de la Ley 24/2015, ¡porque no podemos permitir que una sola familia más en Cataluña esté pasando sed, frío u oscuridad!

Barcelona, 14 de marzo de 2016

 

 

 

 

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Precintamos las oficinas de atención al cliente de Endesa por la vulneración de los derechos humanos y de la Ley 24/2015

Barcelona, 17 de marzo de 2016. Siete meses después de la aprobación de la Ley 24/2015, Endesa y Gas Natural entre otras, continúan realizando cortes de suministros sin aplicar el principio de precaución, es decir, sin consultar previamente si se trata o no de una familia en riesgo de exclusión residencial antes de realizar ningún corte. Por este motivo, hoy hemos precintado la sede de atención al cliente de Endesa por vulnerar los derechos humanos y por incumplimiento sistemático de la Ley 24/2015. Es indigno que estas compañías continúen saltándose la ley con total impunidad y no haya ninguna respuesta de la Administración.

Exigimos a la Generalitat, que haga uso de los mecanismos que le dota la ley y sancione a las empresas suministradoras por todos los cortes que se están produciendo en Cataluña incumpliendo el principio de precaución que contiene la Ley 24/2015.

La Generalitat no solo tiene la obligación y el deber de sancionar el incumplimiento de esta ley sino también la obligación de desplegarla de forma integral. Garantizar el acceso a los suministros básicos implica la firma de convenios entre la Generalitat y las  compañías para que éstas se hagan cargo de las deudas pendientes. Desde que entró en vigor la Ley, la Generalitat no ha dado ningún paso para sacar adelante estos convenios, a pesar de que hace un mes que tiene sobre la mesa una propuesta de convenio que la comisión promotora de la ILP le hizo llegar y sobre la cual todavíano hemos recibido respuesta a día de hoy. La propuesta de convenio que planteamos a la Generalitat recoge obligaciones para la empresa distribuidora:

  • Aplicar el principio de precaución, es decir, no realizar ningún corte sin haber consultado previamente al Ayuntamiento si se trata de una persona en riesgo de exclusión residencial.
  • Condonar la deuda derivada de la imposibilidad de afrontar el pago de los suministros básicos a las familias en riesgo de exclusión residencial, así como los costes de alta del servicio y cualquier tipo de certificado energético que requiera la compañía.
  • Garantizar a las familias en riesgo de exclusión residencial el coste mínimo del servicio: revisar los contratos, quitar los costes innecesarios y aplicar las tarifas más bajas.
  • Aplicar un descuento significativo en la factura del suministro, rebajando su precio fijo hasta que el coste sea asumible por la persona o unidad familiar, teniendo en cuenta el límite 10% de los ingresos de la unidad familiar.
  • Regularizar poniendo el contador a las personas en riesgo de exclusión residencial que vivan en viviendas sin titularidad.
  • Informar, en las cartas de aviso por impago y de los cortes, de los derechos contenidos en la Ley 24/2015.

La propuesta de convenio recoge también obligaciones para la Generalitat en la línea de velar por el cumplimiento integral de la Ley 24/2015 y prestar la asistencia necesaria a los ayuntamientos para que puedan aplicarla de manera integral.

La Ley 24/2015 es una ley de emergencia, es inadmisible que 7 meses después la Generalitat no haya firmado los convenios para que la norma tenga los efectos que persigue. ¿Cuántos inviernos más necesitamos para hacerlo? ¿Detrás de este retraso hay connivencia o es que realmente no es una prioridad de este gobierno aplicar las leyes vigentes que nos protegen? La inacción de la  Generalitat en este sentido, hace que las suministradoras continúen con la lógica de que no cortarán los suministros solo si la Administración pública asume el coste. Es necesario que la Generalitat asuma la responsabilidad que tiene como garante de los derechos básicos y plante cara a las compañías distribuidoras de la luz y el gas. No solo lo pedimos las afectadas por los cortes, sino también la mayoría de ayuntamientos de Cataluña, tal y como han expresado en las entidades supramunicipales y las asociaciones de municipios.

Exigimos a la Generalitat que se siente con las grandes compañías y que en eltérmino de un mes tenga firmados los convenios con las empresas distribuidoras. Yno cualquier convenio, este que hoy se hace público. De la misma manera que, ante la pasividad de las administraciones, fue la ciudadanía quien consiguió hacer realidad una norma para parar la emergencia habitacional; de nuevo nos avanzamos y hacemos propuestas sensatas y eficaces.

Si no es a las buenas, será a las malas. No nos podemos permitir que, con la Ley 24/2015, la Generalitat no sea lo suficientemente valiente  como para hacerla cumplir. Si Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola y las empresas del oligopolio energético se niegan a firmar este convenio, exigimos a la Generalitat que haga pública la negativa de las compañías, y que utilice todas las herramientas a su alcance para presionarlas. Nosotros ya les hemos propuesto algunas como: la creación de un impuesto por impacto paisajístico de las líneas de distribución de estas empresas como medida de presión.

Hoy precintamos Endesa por vulneración de los derechos esenciales. Pero mañana podemos precintar Gas Natural-Fenosa, Iberdrola o incluso la misma Generalitat por el mismo motivo si no reaccionan.

¡Nuestros derechos no se negocian!

Barcelona, 17 de marzo de 2016

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Barcelona, 4 de abril de 2016. Este año desde Decidim Barcelona, se ha habilitado una plataforma de participación desde el Ayuntamiento de Barcelona que recoge las propuestas de la ciudadanía para el Plan de Actuación Municipal (PAM).

Plan que marca las líneas básicas de las políticas públicas de este mandato.

Desde la Alianza Contra la Pobreza Energética llevamos más de 2 años incidiendo y proponiendo medidas que garanticen el Derecho a los suministros básicos, tanto en nuestra ciudad, Barcelona, como en el resto de todo el territorio de Cataluña.

Cada día y en nuestros asesoramientos colectivos constatamos que la vulneración a un derecho fundamental, como es el derecho a los suministros básicos, se ha convertido en un hecho cotidiano.

Vulneración que ha venido acompañada con el consentimiento de las instituciones, que no han hecho más que políticas paliativas frente la emergencia habitacional que padecemos, poniendo parches al drama que viven miles de familias y legislando para favorecer a las empresas de energía y agua en vez de a la población.

Somos conscientes de que muchas medidas son de carácter estatal y que los cambios estructurales deben ser facilitados obligatoriamente por el gobierno central y el Congreso.

Pero estamos seguras de que las instituciones a nivel local, pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. Así lo denunciamos hace unas semanas con el comunicado publicado en nuestra web en relación al inmovilismo del Ayuntamiento de Barcelona, para poner medidas efectivas, de control y de sanción.

O, incluso, denunciando a la Generalitat por los mismos motivos. Y seguiremos denunciando y exigiendo a todas las administraciones o instituciones públicas, así como a las suministradoras que cumplan la ley, como también demostramos con nuestra acción del pasado 17 de marzo precintando el punto de luz de Endesa, en pleno centro de Barcelona .

Como también, desde la APE incidimos desde el contexto más micro, desde abajo, desde las políticas más cercanas y espacios más pequeños dando respuesta y llevando soluciones reales.

El mejor ejemplo es la Ley 24/2015 aprobada en Cataluña el pasado julio, que se ha convertido en la ley más garantista del Estado español en materia de emergencia habitacional y cortes de suministros, referente a nivel internacional, impulsada y llevada a cabo desde la ciudadanía.

Es en este marco de actuación que la APE quiere continuar incidiendo y materializando soluciones para la conquista real del Derecho a los suministros básicos, utilizando todos los mecanismos y oportunidades que estén a nuestro alcance.

Desde la APE hemos realizado las siguientes propuestas mediante la plataforma de participación en el Plan de Acción Municipal (PAM), ya que no se habían realizado en la plataforma por Decidim Barcelona:

  1. Cumplimiento de la ley 24/2015 en materia de pobreza energética
  2. Generar un protocolo para la fiscalización de las empresas suministradoras en la aplicación del principio de precaución
  3. Sancionar a las empresas suministradoras ante el incumplimiento de la ley 24/2015
  4. Firmar un convenio con las empresas suministradoras de la ciudad de Barcelona
  5. Principio de transparencia de las empresas suministradoras en los cortes de agua, luz y gas
  6. Campaña informativa ante la firma del convenio con las empresas suministradoras

Estas propuestas tienen el objetivo de complementar las demandas hechas por otras ciudadanas en Decidim Barcelona.

Por todo ello, te pedimos:

  • Entra en la página web deDecidim Barcelona regístrate.
  • Vota cada una de las propuestas que hemos listado para pobreza energética. Es importante que entre más seamos, más votaremos y sobre todo…
  •  Si además, compartes con las personas cercanas, haciendo difusión y explicando la campaña para que voten estas propuestas, ¡¡¡TODAS GANAMOS!!!

Queremos una Barcelona donde sus ciudadanas puedan tener acceso a los suministros básicos, y lo conseguiremos. Hoy lo pedimos al Ayuntamiento, mañana lo haremos realidad.

Barcelona, 4 de abril de 2016

¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!

#APEalPAM

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