Domingo, 17 Noviembre

El Parlament de Catalunya ha aprobado por unanimidad la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Se trata de una gran victoria colectiva después de años de lucha por el derecho a la vivienda que permitirá poner en marcha mecanismos para acabar con los desahucios y cortes de suministro indiscriminados, a la vez que movilizar vivienda vacía para alquiler social.

El jueves el Parlament de Catalunya, en una sesión histórica ha aprobado la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y la pobreza energética, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. Esta ILP se ha tramitado en un tiempo récord y ha conseguido sumar el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP que se ha abstenido en algunos de los puntos.

El debate de aprobación ha venido precedido por la intervención de dos de los portavoces de la Iniciativa Legislativa Popular. En una intervención emotiva y contundente han resumido el recorrido de lucha que ha permitido llegar hasta el día de hoy: “hemos conquistado nuestros derechos, hemos desobedecido leyes injustas y hoy estamos aquí para cambiarlas”. Las portavoces, se han dirigido a los diputados exigiendo que la altura de miras del Parlament que hoy ha aprobado la ILP se mantenga y que haya un despliegue urgente de todas las medidas de la ILP y que se los dote de recursos suficientes para que puedan ser efectivas.

La ILP aprobada en el Parlament es un conjunto de medidas que pretenden dar respuesta a la actual situación de emergencia habitacional y pobreza energética que sufre Cataluña.

Dada la emergencia de la situación y la tardanza en legislar para parar esta sangría, esta ILP se ha tramitado con urgencia extraordinaria, es decir que, en 15 días hemos sido capaces de hacer todos los trámites para que hoy la votación haya sido posible. Hay que destacar que todos los grupos parlamentarios han mantenido sus compromisos tanto en tempos cómo en contenido.

En los próximos días explicaremos a fondo qué efectos tendrá esta nueva herramienta legal de la que dispondremos a partir de ahora en Cataluña para hacer frente a la emergencia habitacional, pero hoy ya hay que destacar un articulado final que respeta de forma íntegra los objetivos y efectos que buscaba el redactado original, que ha sido concretado, adaptado o incluso mejorado, para poner por fin sobre la mesa las tan necesarias herramientas de la finalmente bautizada como “Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”. Además, el articulado aprobado presenta una solidez jurídica impecable, hecho que ha sido posible gracias al trabajo jurídico hecho desde el grupo promotor pero también gracias a las aportaciones de los servicios jurídicos del Parlament y de las aportaciones de los grupos parlamentarios.

La ley aprobada hoy por el Parlament de Catalunya no es ni mucho menos una declaración de intenciones legales sino una batería de herramientas útiles y efectivas para frenar la emergencia habitacional en Cataluña:

Medida 1. Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad para las personas sobre-endeudadas y deudoras de buena fe. Mediante dos procedimientos (uno de extrajudicial y uno de judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas con la vivienda habitual para poder empezar de nuevo.

Medida 2. Ningún desahucio para las familias en ejecución hipotecaria, estableciendo la obligación en las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad residencial.

Medida 3. Alquiler social para familias en régimen de alquiler en riesgo de desahucio, con una importante distinción entre grandes y pequeños tenedores de vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran tenedor de viviendas, este tendrá que parar el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia.

Tanto en casos de lanzamientos hipotecarios como en los de alquiler de grandes tenedores, principalmente bancos, fondos de inversión o grandes tenedores que han comprado viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y desahucios; el incumplimiento de la oferta de alquiler social comportará una sanción económica grave (hasta 90.000 euros) que se ha incluido en el articulado de la ley 1/2007 catalana del derecho a la vivienda.

Medida 4. Creación de parque social de alquiler. Se establece la posibilidad de resolver la cesión temporal de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de vivienda para aumentar el parque público de alquiler disponible. De este modo, se añade una herramienta importante más para movilizar el parque de viviendas vacías que con el tiempo permitirá realojar a todas aquellas familias que ya han sido desahuciadas sin alternativa.

Medida 5. Acceso garantizado a suministros básicos de agua, luz y gas con garantíaspara parar los cortes de agua, gas y luz de la población en situación de exclusión residencial a través de un protocolo garantista que obliga a la administración a aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro, en caso de que el impago sea por carencia de recursos económicos, a asegurar el acceso a estos suministros básicos mientras dure la situación de exclusión residencial y a establecer acuerdos con las empresas suministradoras para que pongan ayudas a fondo perdido para hacer frente.

En definitiva, con esta ley se aportan por fin los mecanismos para terminar con las deudas de por vida, los desahucios de hipoteca y alquiler, garantizando el realojo en régimen de alquiler social y los suministros básicos a todos los hogares, a la vez que se movilizarán los pisos vacíos para que cumplan su función social.

La ILP es una ley de emergencia muy necesaria y un punto de partida, un importante precedente a la vez hablar de derecho a servicios básicos para ir hacia un modelo más justo de acceso a vivienda y servicios.

La aprobación de la ILP vivienda tan sólo ha sido posible gracias al trabajo incansable de muchísimos afectados, voluntarias, activistas, entidades y colectivos que han apoyado. Las entidades promotoras de la ILP no queremos esconder nuestra satisfacción por este éxito, que culmina más de seis años de lucha por el derecho a la vivienda digna. No nos podemos olvidar de las compañeras de todo el estado que también han sido responsables de llegar hasta aquí hoy. Esta ILP no tiene voluntad sólo de quedarse en el Parlament de Catalunya, sino que tiene que generar un efecto dominó en el resto de Parlamentos Autonómicos que tienen que dar respuesta ante un Estado incapaz y secuestrado por el poder bancario y de las suministradoras.

El 23 de Julio de 2015 pasará a la historia como el día en el que la ciudadanía, harta de la violación de derechos humanos y de la injusticia, después de un largo camino de denuncia y autodefensa de los derechos fundamentales, lleva la auto-tutela de derechos hasta la redacción de una ley que los ampara y los pone por delante de los beneficios de unos pocos.

Uno de los sueños de la PAH cuando nació en 2009, precisamente en Barcelona, era cambiar las leyes injustas y tener las justas para proteger los derechos fundamentales.

Hemos hecho realidad este anhelo. Seguimos adelante, porque se ha dado un paso importantísimo para conseguir el derecho a la vivienda pero todavía nos queda mucho por andar.

Hoy ha sido un día histórico porque hemos demostrado cómo el sentido común de la calle puede entrar a los Parlamentos de la mano de la ciudadanía organizada para hacer leyes que transformen las realidades injustas y que defiendan los derechos fundamentales de las personas.

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Comienza la ofensiva del PP, la banca y las empresas suministradoras contra la ILP de la PAH, la APE y el Observatorio DESC aprobada en julio en el Parlament

Hoy se ha hecho público que el gobierno del PP ha comunicado por carta a la Generalitat que considera discutible la constitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley 24/2015 de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Por este motivo, el PP ha pedido una comisión bilateral Estado-Generalitat en la que tratar este tema. El plazo oficial para presentar un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional finaliza el próximo 6 de noviembre. Si se acuerda la creación de la comisión bilateral, el plazo se ampliará automáticamente hasta el 5 de mayo de 2016.

Hace pocas horas, el mismo gobierno de la Generalitat lo ha confirmado al grupo promotor de la Ley 24/2015, que, como es ampliamente conocido, es el resultado de la aprobación el pasado mes de julio de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Medidas urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESC.

Y no solo eso, sino que también durante el día de hoy, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del gobierno del PP contra la última modificación del Código de Consumo que preveía, entre otras cosas, mecanismos de protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios y medidas contra la pobreza energética. Esto significa que, ahora mismo, la única ley en vigor que plantea medidas de protección y garantía de acceso a los suministros básicos es la Ley 24/2015.

Desde el grupo promotor estamos plenamente convencidas de la constitucionalidad de la Ley 24/2015 y de la necesidad de su vigencia para detener la emergencia habitacional. La norma fue avalada por los juristas del Parlament y aprobada por casi unanimidad (solo con las abstenciones del PP y Ciudadanos en algunos artículos). También estamos plenamente seguras de la necesidad de una ley que reclamábamos desde hace más de 6 años y que aporta herramientas imprescindibles para detener la emergencia habitacional, uno de los problemas que más afecta a la mayoría de la población y que ha generado una alarma social muy importante. Hecho que explica el apoyo mayoritario de la población y de todos los sectores profesionales implicados en esta ley.

En el escrito que el gobierno del PP ha dirigido a la Generalitat, se habla de posible inconstitucionalidad de prácticamente todos los artículos, a excepción de algunos pocos. Así pues, se cuestionan las medidas contra el sobreendeudamiento, el alquiler social obligatorio para detener los desahucios de grandes tenedores, las medidas contra los cortes de suministros, la garantía de acceso a los servicios básicos y la cesión de vivienda vacía para aumentar el parque de alquiler social. Para el PP tan solo habría que salvar las ayudas y las garantías públicas para detener los desahucios de pequeños tenedores.

Esto significa que el gobierno de Mariano Rajoy cuestiona prácticamente la totalidad de las herramientas que la ley 24/2015 ha puesto sobre la mesa para obligar a los bancos y a las empresas suministradoras a asumir sus responsabilidades ante los efectos más dramáticos de la crisis. Muchas de estas medidas las avaló el mismo PP catalán en la votación de la ley el pasado mes de julio.

Está clarísimo que el objetivo del PP no es la constitucionalidad de la ley 24/2015, sino defender una vez más y sin escrúpulos los intereses de los bancos y las empresas suministradoras, en contra de los derechos esenciales de la mayoría.

La carta que ha escrito el gobierno del PP, la han dictado y redactado en realidad la banca y las empresas suministradoras. Podemos demostrar lo anterior, ya que en los últimos días nos han llegado varias filtraciones de entidades financieras de que el gobierno del PP daría este paso.

La Ley 24/2015 plantea medidas reales y efectivas para acabar con los desahucios y los cortes de suministro y plantea obligaciones para sus responsables. Por eso les da miedo. Muchas otras comunidades autónomas se están inspirando para sacar adelante leyes similares que garanticen los derechos más básicos de la población, ya sea a través de iniciativas legislativas populares o por iniciativa de los propios gobiernos autonómicos. Como por ejemplo Murcia, Baleares, Valencia, Andalucía o Madrid, entre otros.

Seguiremos defendiendo con total contundencia esta ley, que es plenamente vigente y que defiende nuestro derecho a una vivienda digna como ninguna otra ley lo ha hecho hasta ahora.

Defender el derecho a la vivienda digna significa hoy más que nunca aplicar y consolidar esta nueva Ley como algo irreversible e imprescindible. Por este motivo continuaremos trabajando y exigiendo su aplicación y hoy más que nunca, instamos a los ayuntamientos y a la Generalitat para que continúen desplegando los recursos que hagan falta para su aplicación efectiva.

Advertimos al PP, que sabemos perfectamente que esto es una carrera de fondo y que conocemos bien a los que con una sola llamada quieren tumbar leyes. Llevamos desde 2009 defendiendo nuestros derechos y no es la primera vez que intentan cargarse una ILP o cualquier intento de modificar las leyes criminales que permiten a bancos y suministradoras seguir haciendo negocio, a costa del sufrimiento de la mayoría de la población.

En los próximos días anunciaremos medidas de presión contundentes al Partido Popular, así como los próximos pasos que daremos para defender el derecho a la vivienda digna.

Hoy ha quedado claro que el PP, la banca y las empresas suministradoras intentan una vez más no asumir sus responsabilidades en la protección de los derechos más esenciales de las personas. Nuestra respuesta es clara: ¡La Ley contra la emergencia habitacional y la pobreza energética no se toca!

Teléfonos de contato:

Carlos Macias (PAH): 666806937

Maria Campuzano (APE): 647079507

Irene Escorihuela (DESC): 606928652

Para descargar el comunicado en formato pdf, clica en el siguiente enlace:

2015/10/07 - Comunicado sobre ¡¡La Ley 24/2015 no se toca!!

 

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La Alianza Contra la Pobreza Energética (APE), junto con APE Baix Penedès continuamos denunciando la situación de precariedad que está viviendo Esther, vecina del Vendrell.

Esther está en paro desde hace años y desde hace unos pocos meses cobra la ayuda para parados de larga duración. Pero no le llega para cubrir los gastos de alquiler, suministros, alimentación y demás necesidades básicas. Así que desde hace dos años vive en un piso propiedad de CX que hacía mucho tiempo que estaba vacío y que la PAH recuperó.

Además de la falta de ingresos, el agua del piso donde vive está cortada. Ella se desplazaba a una fuente cercana para llenar garrafas de agua para poderse lavar, limpiar el piso, cocinar y beber. Pero el Ayuntamiento cortó esta fuente y ahora tiene que recorrer casi un kilómetro y medio para ir a la fuente más cercana.

Esther está empadronada en el piso en el que vive y la asistente social ha hecho un documento donde explica que está en una situación de precariedad. Este documento es el requisito para que el Ayuntamiento le ponga lo que se denomina contador solidario, que le permitiría pagar una cantidad reducida por el agua. Pero de momento, desde el consistorio no han accedido, aunque esta solución es aplicada por otros municipios.

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento del Vendrell es propietario y accionista del 51% de Aguas de Tomovi, desde la APE pedimos al Gobierno encabezado por el alcalde Martí Carnicer que coloque un contador solidario a esta vecina.

El jueves, la APE del Baix Penedès, con el apoyo de la PAH del Baix Penedès, PAH Vendrell y el Bloque 47 se concentraron para exigir al alcalde, Martí Carnicer y los concejales competentes, que actúen en este caso, presencialmente y por redes sociales (#AguaParaEsther), con el apoyo de las APEs y PAHs catalanas y del resto del Estado.

La respuesta del consistorio ha sido únicamente comprometerse a arreglar una fuente que le queda más cerca, la que en su día el Ayuntamiento cerró a propósito, para que no tenga que caminar 1,5 km a llenar las garrafas pero no le ofrecen ninguna solución para tener agua corriente.

Las personas solidarias con Esther encontramos indignante la respuesta y mantendremos las movilizaciones en los próximos días de forma indefinida hasta que Esther vuelva a tener suministro de agua en la vivienda que habita.

El objetivo siguiente será que CX acceda a darle a Esther un alquiler social del 10% de sus ingresos, algo que la afectada explica que sí podría asumir.

 

Ni Sed, Ni Frio, Ni Oscuridad!

Derechos no son Privilegios!

 

Mas información:

Albert Pallàs 655.688.678 / Alegria Linares 665.551.546

acampada3

 

Después de reunirnos con el alcalde del Vendrell Martí Carnicer y no ofrecer solución a corto plazo, desde APE_Cat, APE Baix Penedès y con el apoyo de todas las PAHs, hemos decidido continuar acampados delante del ayuntamiento hasta que Esther tenga agua.

La Alianza Contra la Pobreza Energética, aparte de la denuncia pública de la situación de Esther, ofrecemos al ayuntamiento del Vendrell la solución: ponerle un contador solidario como hacen otros ayuntamientos que sí se preocupan por sus ciudadanos que están en situación de precariedad. 

Recordamos que el ayuntamiento del Vendrell es propietario del 51% de Aguas de Tomovi del Vendrell, y que la decisión de devolver el suministro a Esther sigue en sus manos.

¡Ni Sed, Ni Frío, Ni Oscuridad!

¡Derechos no son Privilegios!

 

Más información:

Albert Pallàs 655.688.678 / Alegría Linares 665.551.546

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