Domingo, 17 Noviembre

El anuncio de la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda demuestra que el gobierno de Cataluña dispone de competencias para movilizar hacia el alquiler social los pisos vacíos propiedad de la banca y para detener la compra masiva de inmuebles para parte de fondos buitres.

La medida, sin embargo, tendrá un efecto muy limitado ya que no afronta la problemática creciente de los desahucios.

En realidad, las “medidas de urgencia” que prevé el Govern forman parte de la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2007 y por lo tanto podrían haberse aplicado hace más de 7 años.

Ante la inminente aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda las entidades impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética solicitamos al Govern una reunión urgente para conocer los detalles y poder así participar de manera informada en la elaboración de las propuestas.

La ILP de Vivienda reivindica la necesidad de promover medidas urgentes a la altura de la situación de emergencia habitacional que afecta a Cataluña. Esto significa por un lado intervenir en el parque desocupado, casi 500.000 pisos en Cataluña, y por otro detener los desalojos ya sean hipotecarios o por impago de alquiler e impedir los cortes de suministros.

La PAH y el Observatorio DESC hemos denunciado en numerosas ocasiones la pasividad del Govern ante la adquisición por parte de fondos buitres de inmuebles a precios de saldo que fácilmente podrían pasar a formar parte del parque de viviendas sociales. Ambas entidades hemos reiterado la posibilidad de las administraciones de detener estas operaciones en zonas de alta demanda residencial ejerciendo el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Vivienda de 2007. El anuncio del Govern, sin embargo, llega tarde ya que los bancos se han deshecho de una parte importante de los pisos y solares de que disponían. Nos preocupa también que las políticas de ajuste limiten la capacidad de intervenir de forma decisiva. Asimismo, queremos aprovechar para recordar que la propia Generalitat está malvendiendo patrimonio público a fondo buitres.

En cuanto a la propuesta de creación de un Registro de Pisos Vacíos mencionar que para que éste tenga sentido hace falta que incluya todas las viviendas vacías, empezando por las que son propiedad de bancos y fondos buitres con independencia de si provienen o no de un proceso de ejecución hipotecaria. El Govern no puede obviar los cientos de pisos vacíos en manos de promotoras y fondos buitres que ni siquiera se han llegado a comercializar, o el despropósito que supone la concentración de pisos vacíos por parte de la SAREB.

De hecho, el grueso de medidas que efectivamente podrían hacer frente a la situación de emergencia habitacional está previsto en la ILP de Vivienda que inició el trámite en el Parlamento el pasado mes de julio de 2014. Una ILP que cuenta ya con el apoyo de más de 40.000 firmas.

Con el anuncio de este Decreto Ley el Govern reconoce lo que la ciudadanía hace años que clama. Hoy se puede acabar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda mediante la expropiación del usufructo de los miles de pisos vacíos que hay en Cataluña en manos de las entidades financieras, inmobiliarias y grandes propietarios. Para ello, sin embargo, no será suficiente con medidas impulsadas desde arriba que no cuentan con la participación activa de la ciudadanía organizada. Sabemos que hoy se puede, y se debe hacer.

La Alianza contra la Pobreza Energética sale a la calle con una Flashmob para desenmascarar públicamente al Gobierno de la Generalitat que no ha manifestado voluntad política para garantizar el acceso a los suministros básicos a todos.

Hace exactamente un mes, desde la Alianza contra la Pobreza Energética denunciamos que en Cataluña seguíamos sin medidas efectivas para combatir la pobreza energética y evitar los cortes indiscriminados de los suministros básicos a las familias en situación de vulnerabilidad. A día de hoy no ha habido ninguna mejora.

Durante estos meses de espera, sin embargo, el Govern ha mostrado su incapacidad para hacer frente a las empresas suministradoras, reafirmando que dejar en manos privadas la gestión de los suministros básicos no hace más que convertir nuestros derechos en unos privilegios que únicamente los hogares con recursos económicos se pueden permitir.

Declaraciones como las del consejero de Empresa y Empleo Felip Puig, asegurando el pasado 4 de febrero desde el Parlament, que en Cataluña no hay ninguna familia sin agua, luz o gas por motivos de pobreza energética, son indignas de quien en teoría dedica su tiempo a velar por los intereses y necesidades de los ciudadanos de Cataluña y le inhabilita política y moralmente para ejercer este cargo. Estas declaraciones del consejero, así como la ausencia de cualquier fiscalización a las empresas suministradoras son un claro ejemplo.

Desde la aprobación de la modificación de la Ley 22/2010 del Código de consumo de Cataluña, casos como el de Salomé siguen presentes en los hogares catalanes y el Govern no ha establecido ningún mecanismo para exigir el cumplimiento de la ley. A Salomé le cortaron la luz el pasado mes de febrero, con un informe de vulnerabilidad en la mano, y la respuesta de la empresa suministradora fue una negativa y el desconocimiento del Código de consumo.

En las últimas semanas, hemos hecho públicos decenas de casos como el de Salomé, que muestran la incapacidad del Govern para poner fin a las prácticas abusivas y dejan bien clara la falta de sensibilidad de las empresas suministradoras con la pobreza energética, cuando minimizan la situación de emergencia social, escondiendo los datos de cortes en nuestro territorio. Está claro pues, que nuestros políticos se comportan como unos títeres en manos de las empresas suministradoras y de su gran poder económico y mediático.

Este comportamiento de indefensión frente a las empresas suministradoras no es un elemento casual, ya que, la relación entre algunos sectores de la política y el mundo energético en Cataluña es un terreno fangoso. Las conexiones son directas, claras y visibles. La presencia de antiguos cargos políticos catalanes en los consejos de administración de las empresas energéticas son desgraciadamente noticias persistentes en los medios de comunicación.

El actual partido de Gobierno de Cataluña ha sido protagonista del uso de puertas giratorias en muchas ocasiones, como en el caso de Heribert Pedrol Muntaner, exdiputado de CiU que en la actualidad ejerce de consejero de la multinacional Gas natural, o el caso de Miquel Roca que forma parte de la comisión ejecutiva de Endesa desde el año 2013 como consejero “externo-independiente” con un sueldo anual de 648.000 euros y además es Secretario del Consejo de Administración de Agbar.

Exigimos valentía y transparencia al Gobierno de la Generalitat porque nos enfrentamos a una situación de emergencia social que tan sólo se revertirá con políticas que realmente garanticen el acceso a los suministros básicos. La modificación de la Ley del Código de consumo no puede ser una nueva cortina de humo para dejar de hacer frente a las empresas suministradoras. Se necesitan soluciones lejos de los movimientos, más bien trasiegos, de altos cargos entre la administración pública y la empresa y viceversa, apelando a un beneficio personal y privado. Hay que exigir responsabilidad a las empresas suministradoras, huyendo de que sea la administración pública quien tape los agujeros de la pobreza energética transfiriendo fondos públicos para cubrir las facturas impagadas de las familias, tal como se plantea en el hipotético Fondo de solidaridad para los suministros básicos que la Generalitat tanto promociona pero que hoy en día no está concretado. Estas medidas responden más a garantizar el cobro de facturas impagadas a las empresas suministradoras que a solucionar la situación de las familias. Una nueva muestra de cómo el Govern se somete a los intereses de estas multinacionales.

En este sentido, la ILP que estamos promoviendo junto con la PAH y el Observatorio DESC, responde a esta necesidad y agrupa un conjunto de medidas urgentes que permitirán revertir las graves dificultades en el acceso a los suministros básicos en Cataluña y hacer frente a la pobreza energética, exigiendo responsabilidad a las empresas suministradoras.

Exigimos al Gobierno de la Generalitat que actúe por el interés general y al servicio del pueblo y haga frente de una vez por todas a las empresas suministradoras proponiendo soluciones reales contra la pobreza energética.


¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!

¡Basta de convertir derechos en privilegios!


Más información:

Tatiana Guerrero: 687408435 // María Campuzano: 647079507

Amb l’entrega d’avui ja portem més de 70.000 signatures de suport a la ILP contra els desnonaments i la pobresa energética. Darrera de cada signatura hi ha l’esforç dels membres de les entitats promotores de la ILP -l’Aliança contra la Pobresa Energètica, l’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca- i de totes aquelles organitzacions i individus que s’han anat sumant a la recollida de signatures.

La  ILP d’Habitatge reinvindica la necessitat de promoure  mesures urgents a l’alçada de la situació d’emergència habitacional i pobresa energètica que afecta a Catalunya. Això significa d’una banda intervenir en el parc desocupat, gairebé 500.000 pisos a Catalunya, i d’una altra aturar els desallotjaments ja siguin hipotecaris o per impagament de lloguer i impedir els talls de subministraments.

Les darreres dades oficials publicades són terribles: 15.606 desnonaments practicats durant l’any 2014 a Catalunya, el 23% del total de l’Estat. Fins ara, totes les mesures adoptades pel Govern han tingut efectes ínfims en el parc d’habitatge buit i la situació de les famílies afectades. En realitat, les darreres “mesures d’urgència” que acaba d’anunciar ja formaven part de la Llei pel Dret a l’Habitatge de 2007 i per tant podrien haver-se aplicat fa més de 7 anys.

Pel que fa a pobresa energètica, la situació és igual de preocupant. A dia d’avui, ni el fons, ni la garantia del no tall, ni la informació en les cartes de interrupció del subministrament s’estan portant a la pràctica. Resulta vergonyós que davant la situació d’emergència que viu el país el Govern presenti tard i de manera ambigua una bateria de mesures insuficients de les que ni tant sols pot assegurar el seu compliment.

Les mesures dictades des de dalt segueixen protegint els interessos especulatius de les entitats financeres i companyies subministradores. Per això és importantíssim la  participació activa de la ciutadania organitzada a través de la ILP. Les 70.000 signatures recollides en un temps rècord de tres mesos mostren no només el consens que existeix al carrer entorn les mesures de la ILP habitatge, sinó que és urgent posar-les en marxa perquè hi ha vides en joc.

Per aquestes raons, les entitats impulsores de la ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica començem una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris per exigir-els-hi un compromís amb  la ciutadanía. El compromís de que tramitaran d’urgència la ILP i donaran suport a totes les demandes d’aquesta. 

Ben aviat, el Parlament de Catalunya serà l’escenari d’un debat de gran trascendència. Totes nosaltres serem testimonis de quins grups parlamentaris es situen al cantó de la ciutadania -donant suport a la ILP- i quins ho fan al costat dels Bancs i les companyies elèctriques. 

Sabem que avui es pot acabar amb els desnonaments i la pobresa energètica i no permetrem que el Govern segueixi allargant l’agonia i el patiment de milers de famílies.

Ja tenim 70.000 signatures, #QuantesMesEnVoleu?

#JoAmbILPHabitatge porque una Cataluña sin desahucios ni cortes de suministros es posible.

Hoy hace una semana que la ILP contra los desahucios y la pobreza energética entró en el Parlament. Tenemos el compromiso de todos los grupos parlamentarios que podrán tramitar por la vía de urgencia extraordinaria. De esta manera, en poco más de un mes, se podría votar el contenido de la ILP en el Pleno del Parlament.

Con la campaña #JoAmbILPHabitatge queremos mostrar que la ILP tiene el soporte, no sólo de las 150.000 personas que la firmaron, sino de más de 70 PAHs y APEs de todo el territorio, un centenar de entidades que se han adherido y también del mundo de la cultura, el periodismo, el deporte, la política, etc…

Que se apruebe la ILP no sólo es urgente para más de 110.000 familias con ejecución hipotecaria desde 2008, o las más de 320.000 familias que sufren pobreza energética, porque no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada, o ya han sufrido cortes de suministro.

Que se apruebe la ILP habitacional es urgente también para todas aquellas personas, afectadas o no, que creemos en una sociedad más justa, donde el derecho a la vivienda y a los suministros esté garantizado, y las entidades financieras y las compañías energéticas asuman sus responsabilidades sociales y respeten escrupulosamente los derechos humanos.

Cada  día que pasa se producen 43 deshaucios y 443 cortes de suministros tan sólo en Cataluña. ¡¡Este mes de junio, estamos en condiciones para poder pararlos todos!!

Yo también estoy con la ILP habitacional. Yo también quiero una Cataluña sin desahucios ni pobreza energética.

Mi apoyo es importante.

#JoAmbILPhabitatge

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