Martes, 19 Noviembre

El precio de la energía en el Estado español es el 30% más caro que la media de la UE, mientras que los beneficios de las compañías son el doble

19 de noviembre de 2014 – La Alianza contra la Pobreza Energética, conjuntamente con diferentes PAHs del Estado (Asturias, Camp de Túria, Granada, Lanzarote, Berriozac y Vallecas), ocupan las centrales de Endesa, Gas Natural y Agbar, entre otras, y realiza una rueda de prensa en el Parlament para denunciar la falta de responsabilidad de las mismas en la problemática de la pobreza energética, así como la ausencia total de medidas efectivas por parte de la Generalitat.

En abril de 2013, el Pleno del Parlament de Cataluña aprobó una moción que instaba al gobierno catalán a promover, de manera inmediata, las medidas necesarias para combatir la pobreza energética y evitar los cortes indiscriminados de los suministros a las familias en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, un año y medio más tarde, podemos afirmar que la Generalitat no ha impulsado ninguna medida efectiva, sólo un decreto inútil al que únicamente se acogieron 800 personas de las más de 320.000 familias que sufren pobreza energética en Cataluña.

Por su parte, las empresas suministradoras no están asumiendo ninguna responsabilidad en la gestión de unos servicios básicos de interés general y giran la cara a una problemática que hoy en día afecta a más del 10% de los hogares catalanes.

Una violación a la salud y a los derechos humanos

Ante esta “lavado de manos”, las entidades que formamos parte de la Alianza contra la Pobreza Energética denunciamos el incumplimiento sistemático de los acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas –entre otros convenios internacionales de derechos humanos–, donde se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. De este precepto se desprende el derecho de toda persona a disfrutar del derecho a una vivienda digna con acceso a los servicios básicos de luz, agua y gas. Ahora bien, la realidad es otra: la pobreza energética afecta directamente a la salud de las personas. Recordemos que sólo en 2012 se produjeron en el Estado español entre 2.400 y 9.600 muertes prematuras vinculadas a esta problemática. En comparación, la cifra de víctimas en accidentes de tráfico en la carretera, una problemática mucho más reconocida por las administraciones y la sociedad en su conjunto, se situaba en 2012 en 1.129 muertes. Por otra parte los sindicatos de bomberos han alertado de que al menos el 70% de las víctimas mortales de 2014 son atribuibles directa o indirectamente a la pobreza energética.

Las causas de la pobreza energética están directamente relacionadas con el aumento de los precios de la energía y del agua, la reducción de las rentas familiares y una baja calidad del parque de viviendas.

En cuanto a la primera causa, los precios de la energía y el agua han subido, desde 2007, más del 60%, y en la última década se han doblado, situándose el coste de la energía a día de hoy en un 30% por encima de la media europea. Un consumidor medio ha pagado 360 euros más en 2013 que en 2007. En cambio, sólo en el período 2007-2011 el ingreso anual del 10% de la población más pobre pasó de 4.664 euros por persona a 2.685 euros en 2011.

Por el contrario, el oligopolio eléctrico, plagado de exministros y presidentes, duplica los beneficios de las europeas. Las sucesivas subidas de la luz registradas han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a las compañías eléctricas desde que comenzó la crisis económica. La patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña (PIMEC) asegura que entre 2003 y 2011, las grandes eléctricas han obtenido un ratio de beneficio sobre ventas siete veces superior al conjunto de las PYME catalanas.

El binomio del imparable aumento de los precios de la energía y la caída en picado de las rentas familiares ha llevado a que en el Estado español se estén produciendo más de 2 millones de cortes de suministro al año por impago. Sólo Endesa e Iberdrola cortaron la luz a 1 millón de personas en 2013. Por el contrario, este 2014 Endesa ha repartido 14.600 M € en dividendos extraordinarios. Por su parte, Agbar admite 150.000 cortes de agua anuales y en referencia al gas hay que recordar que la semana pasada se han pagado 1.350 M € a la empresa de Florentino Pérez como compensación por la paralización y desmantelamiento del proyecto fallido Castor que provocó más de 400 terremotos en la costa litoral de Castellón. Pago que tendrá que afrontar la ciudadanía en la factura del gas durante 30 años y que podría ascender a más de 4.700 M € debido a los intereses bancarios.

Con el objetivo de mantener los beneficios, las compañías suministradoras utilizan la práctica mafiosa del acoso telefónico, en la que a través de la subcontratación de una empresa de morosidad, se realizan llamadas a altas horas de la madrugada para exigir el pago de su recibo.

Estamos, sin duda, ante una violación sistemática de los derechos humanos, un problema estructural que requiere medidas estructurales urgentes. Es por ello que la ciudadanía dice basta y hoy en varias ciudades del Estado estamos llevando a cabo acciones para denunciar y visualizar la situación de aumento de la pobreza energética mientras las administraciones miran hacia otro lado y las empresas suministradoras mercantilizan los derechos humanos.

Por lo tanto, porque defendemos el derecho universal a la vivienda digna con acceso a los servicios básicos de luz, agua y gas, exigimos:

  • Que se garantice un mínimo de los servicios a todas aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
  • Que se ponga fin a los cortes indiscriminados y por tanto se aplique el principio de precaución, por lo que no se podrá realizar ningún corte si no hay autorización previa de servicios sociales.
  • Que los costes de los impagos sean asumidos por las propias compañías suministradoras, en ningún caso por la administración pública, porque eso significa la transferencia de fondos públicos a entes privados para alimentar los beneficios de unos cuantos bolsillos.
  • Que se realice una auditoría pública de los costes del servicio y el déficit tarifario para depurar responsabilidades, reducir costes y condonar la deuda ilegítima asociada, reduciendo así la tarifa.
  • Que se publiquen los datos de todos los cortes que se han producido desde 2005 desglosados ​​por municipio y que estos sean remitidos al Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT).
  • Que se informe de las medidas tomadas por todos los actores sociales, tanto a las familias vulnerables como a los servicios sociales. Por ejemplo, a través de los recibos y cartas de notificación de retrasos en los pagos.

¡Ni sed ni frío ni oscuridad! ¡Ni una familia más a oscuras!

2014/11/19 - Comunicado

Día: 18 de diciembre

Hora: 12h

Lugar: c / Leiva, 44 (sede PAH Barcelona)

En Cataluña hay 50 desahucios cada día. A las ya más de 110.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2008, hay que sumar la creciente problemática de los desahucios por impago de alquiler. Asimismo, más de 320.000 familias padecen pobreza energética, porque no pueden mantener sus hogares a temperatura adecuada, o ya han sufrido cortes de suministro.

Ante esta realidad cada vez más alarmante, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue admitida por la Mesa del Parlament el pasado 13 de octubre.

La ILP en el Parlamento introduce medidas de segunda oportunidad para las personas sobreendeudadas; impide las ejecuciones hipotecarias de familias vulnerables; reivindica la garantía de un alquiler social para las familias en riesgo de desahucio; obliga a la creación de un parque público de alquiler a partir de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras; e impide los cortes de suministros básicos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad.

La rueda de prensa comenzará a las 12h y contará con la presencia de:

• Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

• María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética.

• Vanesa Valiño, Portavoz del Observatori DESC.

Coincidiendo con la rueda de prensa, haremos público el video de la Campaña para la ILP d’Habitatge #AvuiEsPot, en el que han participado personajes del mundo de la cultura y el periodismo como Jaume Barberà, Aina Clotet, Marina Rossell, Gerard Quintana y Mayte Martín.

Con la finalización de la rueda de prensa se iniciará la campaña de recogida de firmas con el objetivo de superar las 50.000 firmas necesarias para que la ILP se debata en el Parlamento.

Barcelona, 12 de Febrero de 2015 – Desde la creación de la “Mesa de la pobreza energética” en julio del último año, el Govern ha cooptado los medios de comunicación con titulares como “Cataluña garantiza la luz y el agua a las familias más vulnerables”, pero en los hogares catalanes nos encontramos con una situación muy diferente. Se calcula que más del 10% de la población catalana sigue sufriendo pobreza energética (unas 320.000 familias). Desde la Alianza contra la Pobreza Energética todas las semanas ponemos rostro a estas estadísticas deshumanizadas a través de asesoramientos colectivos donde acuden las personas afectadas.

En la última semana casos como el de Carmen han saltado a los medios de comunicación y han sido una muestra de la vulneración sistemática de los derechos humanos que se genera día tras día en este país. Carmen y Rafael con sus dos hijos, Miguel -con una discapacidad psíquica del 68%- y Tamara -que hace un año tuvo a su hijo Kevin- viven desde hace un año sin luz porque Endesa les cortó el suministro por no poder pagar los recibos.

Debido a la presión ciudadana, el pasado mes de diciembre el Govern aprobó en el Parlament la modificación de la Ley 22/2010, del Código de Consumo de Cataluña, donde la Generalitat se comprometía a garantizar que a ninguna familia se le interrumpiría el servicio por problemas económicos, con la presentación de un informe de los Servicios Sociales donde se constataba la situación de vulnerabilidad socioeconómica. Paralelamente el Govern aseguraba la activación de un fondo extraordinario para ayudar a aquellas familias que no pudiesen hacer frente a los recibos. Un fondo que, de manera equívoca, estará dotado principalmente de financiación pública y que mantiene mecanismos anteriores como: el aplazamiento o el fraccionamiento, obligando a las familias a sobreendeudarse. Además, gracias a la denuncia constante sobre la falta de información de las multinacionales, la Generalitat incluyó un artículo que obliga a las empresas suministradoras a informar de forma detallada a los usuarios cuáles son los protocolos existentes para poder evitar la finalización del servicio. Una información que hoy por hoy la están dando la APE y otras entidades sociales.

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética denunciamos públicamente que a día de hoy, ni el fondo, ni la garantía del no corte, ni la información en las cartas de interrupción del suministro se están llevando a la práctica.

Además, consideramos intolerable que ante una situación de emergencia social que toca ya 320.000 hogares catalanes, el Govern presente tarde y de manera ambigua una batería de medidas insuficientes de las que ni siquiera puede asegurar su cumplimiento.

Tarde porque ya son muchos los hogares catalanes que viven sin garantía de un mínimo acceso a los servicios básicos.

Ambiguo porque no se aborda con medidas concretas los mecanismos de fiscalización de cumplimiento de la ley, ni tampoco cuáles son los requisitos que hay que presentar para acogerse al fondo de ayuda económica. No da señales de la parte total de las facturas que cubrirá este fondo ni cuáles serán sus canales de entrada.

Insuficientes porque no garantizan las demandas de mínimos que las organizaciones sociales y la ciudadanía exigen:

• Garantizar el derecho del acceso a suministros básicos de agua, electricidad y gas de las personas en situación de vulnerabilidad.

• Garantizar que no se produzcan cortes indiscriminados de suministros.

• Apelar a la responsabilidad de las empresas suministradoras para que cubran los costes asociados al mantenimiento de los suministros y a la deuda generada que no pueda ser cubierta por las personas en situación de vulnerabilidad.

Reivindicamos que hoy en día, a pesar de las promesas del Govern, siguen los cortes indiscriminados en Cataluña, y que hay que poner fin a esta barbarie para que casos como el de Salomé desaparezcan.

Por ejemplo, Salomé tuvo una interrupción de su servicio el pasado día 2 de febrero, después de presentar a la empresa de Gas Natural un informe de los servicios sociales que acredita que los cinco miembros que conforman la familia viven con una prestación de 426 euros. La respuesta de Gas Natural, desafiando la Ley, fue emitir la orden de corte a los pocos días.

Ni las gélidas temperaturas sensibilizan al Govern y a las empresas suministradoras y los casos se multiplican día tras día. Las empresas siguen abusando de su poder fáctico, realizando prácticas abusivas como en el caso de Joana. Ella y su familia de 9 integrantes recibieron una baja de contrato de Endesa, dejando sin luz a todos sus miembros el pasado 5 de febrero, sin ninguna notificación previa de la rescisión del contrato.

Le recordamos al Consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, que estaremos siguiendo muy de cerca las políticas en materia de suministros básicos, y que si no lleva a cabo su compromiso nos veremos obligadas a seguir movilizándonos para auto tutelar nuestros derechos.

¡Este 2015 ni un solo vecino o vecina con sed, frío u oscuridad!

Alianza contra la Pobreza Energética,

Barcelona, 12 de febrero de 2015

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Para más información (contactos):

Tatiana Guerrero 687408435

María Campuzano 647079507

htpp://pobresaenergetica.es
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El grupo local ya ha atendido a 30 personas afectadas por cortes de suministro energético y de agua y seguirá haciendo acciones de denuncia para que ningún vecino ni vecina sufra «sed, frío u oscuridad»

 Barcelona, ​​26 de febrero de 2015 – Este sábado 28 de febrero la Alianza contra la Pobreza Energética de Granollers hará su presentación pública en el municipio para informar al vecindario de sus derechos en caso de que, por razones de vulnerabilidad económica, sufra problemas de cortes de suministros energéticos y de agua. También para seguir denunciando públicamente que, a pesar del alarmante crecimiento de la pobreza energética, que en Cataluña afecta a unas 320 mil familias, ni la administración pública ni las empresas suministradoras están reaccionando para hacer frente a estas emergencias sociales. De hecho, el grupo local ya está haciendo el seguimiento de 30 personas desde que comenzó a constituirse el pasado mes de diciembre.

El acto de despegue de este grupo de la Alianza contra la Pobreza Energética estará apadrinado por el conocido profesor de Economía y activista por los derechos humanos y sociales, Arcadi Oliveres, y comenzará a las 18 horas en el local de la AV Sota El Camí Ral; calle de Enric Prat de la Riba 82 de Granollers.

 En Granollers la Alianza contra la Pobreza Energética, tal como la primera APE fundada en Barcelona hace un año, ha sido una iniciativa de diferentes entidades sociales como la Asamblea de Desempleados y Desempleadas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asociaciones vecinales de Les Tres Torres y Sota el Camí Ral.

Durante la presentación también habrá activistas de las APE de Barcelona, ​​Bahía, Sant Boi, del Vallès y del Bages.

Para más información (contacto): 

WEB: Alianza contra la Pobreza Energética: htpp://pobresaenergetica.es

Día: Sábado 28 de febrero

Hora: 18 horas

Lugar: Sede AV Sota El Camí Ral

Dirección: C/Enric Prat de la Riba, 82 de Granollers

APEGranollers_ES.pdf

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