Domingo, 17 Noviembre

El Decreto aprobado por el Gobierno el pasado invierno ha resultado totalmente insuficiente

Barcelona, ​​jueves 25 de septiembre 2014.- La Mesa de entidades Sociales del Tercer Sector de Cataluña, que agrupa a cerca de 4.000 entidades sociales y la Alianza contra la Pobreza Energética reclamarán mañana, viernes 26 de septiembre, medidas efectivas en la “Mesa sobre la pobreza energética” en el marco de una rueda de prensa.

A las puertas de un nuevo invierno, la “Mesa sobre la pobreza energética” impulsada por el Parlamento de Cataluña y coordinada por el Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat, se reunirá por última vez este lunes, 29 de septiembre, para mejorar el Decreto Ley 6/2013, un marco legal que ha resultado totalmente insuficiente para resolver esta grave problemática social.

Ante el compromiso del Gobierno catalán de aprobar un nuevo Decreto antes de que acabe el mes, las organizaciones convocantes queremos explicitar que aún quedan pendientes soluciones en aspectos fundamentales como: el establecimiento de un sistema de ayudas para familias que no puedan hacer frente a la deuda, la simplificación de los trámites, la ampliación del periodo de aplicabilidad del Decreto a todo el año y quién hace frente a este gasto. Las organizaciones convocantes quieren hacer explícitas unas medidas que esperan que sean recogidas en el futuro marco legal.

La rueda de prensa tendrá lugar a las 11:30 horas en la sede de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB).

Intervendrán:

Sra. Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña.
Sr. Eloi Badia, miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética.
Sra. Nuria Salas, representante de la Mesa del Tercer Sector en la ‘Mesa sobre la pobreza energética’
Sr. Jordi Giró, presidente de la CONFAVC y de la junta de la FAVB.

 

Día: Viernes 26 de septiembre
Hora: 11:30 horas
Lugar: Federación de AV de Barcelona
Dirección: C/ Obradors, 6-8 bajos, de Barcelona

La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña es una organización constituida en el año 2003 por las entidades del Tercer Sector Social de Cataluña. Forman parte 32 federaciones y agrupaciones que representan cerca de 4.000 entidades no lucrativas que trabajan por la inclusión y la cohesión social.

La Alianza contra la Pobreza Energética es una plataforma formada por un conjunto de organizaciones y movimientos de personas paradas, afectadas por desahucios, de entidades vecinales, de consumidores y ecologistas que se unen para combatir la pobreza energética entendiendo que los servicios básicos son derechos fundamentales para garantizar la dignidad de las personas y el acceso a una vivienda digna.

Ante la emergencia social de la pobreza energética en Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa de entidades del Tercer Sector Social consideran urgente la adopción de medidas efectivas para acabar con esta flagrante violación de derechos humanos, que se prolonga desde hace años sin que desde la Generalitat se hayan tomado medidas adecuadas. Al Govern se le acaban los días para cumplir el compromiso de enmendar el fracaso de su Decreto Ley 6/2013 de 23 de diciembre antes de finales de septiembre; y, la “Mesa sobre la pobreza energética” convocada por la propia Generalitat debería haber definido claramente el protocolo para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sin que tengan que asumir la deuda.

Hay que recordar que estamos hablando de un bien indispensable. Toda persona debe tener derecho a vivir en una vivienda digna en la que se garantice la accesibilidad y asequibilidad a los suministros básicos, por lo tanto son las administraciones públicas competentes las responsables de garantizar, respetar, proteger y promover estos derechos. Además se trata de servicios de interés general y, por tanto, son las administraciones las que han contribuido por acción y por omisión al crecimiento de la pobreza energética. Se calcula que más del 10% de la población catalana sufre esta problemática (unas 320.000 familias). En el año 2013 se produjeron en España más de 75.000 cortes de suministro de gas por impago un 86% más respecto al año 2012– y más de 1,1 millones de cortes de suministro eléctrico por impago –un 24% más que el año anterior–.

Las administraciones también son culpables por connivencia, fomento de oligopolios y legislaciones que han permitido el enriquecimiento desmesurado de las compañías suministradoras a costa de sobrecostes y deudas ilegítimos.

Se hace necesario recordar que el aumento de los precios de los suministros básicos se ha producido a la vez que se producía el empobrecimiento general de la población sin la existencia de ninguna medida de protección efectiva para las familias más vulnerables. Este aumento de precios se viene dando en paralelo a la revalorización sin precedentes de las grandes empresas eléctricas, que desde el inicio de 2014 han aumentado su valor en bolsa más del 20%. No es legítimo que la regulación de un servicio de interés general como la energía esté permitiendo que las empresas eléctricas se conviertan en negocios tremendamente lucrativos en medio de una emergencia social como esta. En el caso del agua el aumento del recibo se debe principalmente a la privatización de Aigües Ter Llobregat y la creación de una Sociedad de Economía Mixta que han comportado beneficios multimillonarios para las concesionarias sin ninguna mejora en el servicio prestado.

Por todo ello, en vistas a la próxima reunión de la “Mesa sobre la pobreza energética” del próximo lunes 29 de septiembre la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa de entidades del Tercer Sector pedimos al Govern de la Generalitat de Cataluña que introduzca las mejoras siguientes en el Decreto 6/2013 de 23 de diciembre:

  1. Garantizar el derecho al acceso a suministros básicos de agua, electricidad y gas de las personas en situación de vulnerabilidad mientras dure esta situación. Concretamente debe garantizar un mínimo de 100 litros persona y día en el caso del agua y 2,000 KWh anuales en el caso de la energía, teniendo en cuenta correcciones por situaciones climáticas y calidad de la vivienda.
  2. Garantizar que no se produzca ningún corte de suministros a las personas en situación de vulnerabilidad. Por eso las empresas responsables deberán comunicar la situación de impago a Servicios Sociales Básicos para comenzar el protocolo de evaluación de la situación de vulnerabilidad de cada hogar.
  3. Aplicar criterios sociales de vulnerabilidad para acogerse a las medidas contra la pobreza energética más allá del IRSC. Se podrán acoger todas las unidades familiares en las que los ingresos del hogar sean iguales o inferiores a 1,5 veces el IRSC con la correspondiente actualización del IPC entre 2010 y 2014, que es del 8,5% sujeto al número de personas de la unidad familiar (ver Anexo).
  4. Apelar a la responsabilidad de las empresas suministradoras para que cubran los costes asociados al mantenimiento de los suministros y a la deuda generada que no pueda ser cubierta por las personas en situación de vulnerabilidad.
  5. Garantizar la realización de cursos de formación y capacitación en eficiencia energética dirigidos a los hogares beneficiarios con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia energética del hogar.

El próximo martes (30 de septiembre) termina el plazo fijado por el Parlament de Cataluña en la Resolución 577/X sobre el incremento de la pobreza y las desigualdades para publicar el nuevo Decreto contra la pobreza energética, así pues es imperativo que el Govern asuma las demandas de la sociedad civil y aplique de una vez medidas efectivas para acabar con la pobreza energética y el sufrimiento de tantas familias catalanas.

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Las entidades sociales denuncian que el Fondo de Suministros Social anunciado por el gobierno catalán como respuesta a la pobreza energética es claramente insuficiente

Frente a la propuesta del Govern de la creación de un fondo económico para solucionar la pobreza energética, las entidades sociales presentan un conjunto de medidas urgentes y necesarias que permitan erradicar esta problemática con garantías.

Barcelona, ​​7 de noviembre.- Las organizaciones que forman parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, las entidades integradas en la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y las organizaciones sindicales como CCOO y UGT de Cataluña han presentado hoy un conjunto de medidas que tienen como objetivo luchar contra la pobreza energética de una manera estructural dado que las medidas presentadas por el Govern catalán son claramente insuficientes. Denuncian también la deslealtad del Govern de la Generalitat anunciando una medida como el Fondo de Suministros a espaldas y sin convocar la Mesa de Pobreza Energética, órgano promovido por el Parlament de Cataluña con el objetivo de mejorar las respuestas a este fenómeno social.

El Govern da un paso más al desoír las peticiones de las organizaciones ciudadanas que reclaman la aplicación de medidas efectivas que den respuesta a las más de 320.000 familias que no pueden cubrir suministros básicos como el gas y la luz. Situaciones dramáticas que se viven en paralelo al incremento de los beneficios estratosféricos de las empresas suministradoras: Endesa obtuvo 579 millones de euros en el primer semestre de 2014 de su negocio en España y Portugal, Gas Natural ganó 676 millones de euros de la venta de gas en España en el primer semestre de 2014 y Agbar ingresó 432 millones de euros en 2012.

No se puede obviar que estas empresas tienen una influencia clave en la configuración de las tarifas. En el caso eléctrico la situación sobrepasa cualquier lógica: de enero de 2013 a febrero de 2014 la parte fija del recibo pasó del 35% al ​​60%, asegurando un mayor nivel de ingresos a las empresas.

A pesar de este escándalo el gobierno catalán defiende medidas como la creación del Fondo económico que, mediante el traspaso de dinero público a manos privadas, siguen garantizando los beneficios multimillonarios de estas empresas. Y, de este modo, se vacían los fondos públicos destinados a resolver otros retos y necesidades sociales.

Frente a este contexto de emergencia social, las entidades sociales reclamamos al Govern que haga una apuesta firme y decidida exigiendo a las empresas suministradoras que se hagan responsables de la asunción de las facturas y recibos impagados.

Consideramos que las siguientes medidas de urgencia para resolver la situación de pobreza energética acuciante de este invierno ya deberían estar en funcionamiento:

  • Aplicar el principio de precaución por el que las empresas no podrán cortar el suministro sin el visto bueno de los Servicios Sociales.

  • Transparencia en los cortes, información pública detallada y municipal recogida en el IDESCAT. Porque si no visualizamos la situación no visualizamos la solución.

  • Agilizar los trámites mediante la aplicación de mecanismos de urgencia.

  • Impulsar una campaña de comunicación para informar de todas las medidas adoptadas por todos los actores tanto a las familias vulnerables como a los Servicios Sociales. Por ejemplo, a través de los recibos y cartas de notificación de retraso en el pago.

Por otra parte, la garantía de que se pongan en marcha las medidas imprescindibles para alcanzar un modelo de prestación de suministros básicos que garantice su acceso universal a todas las personas corresponderá a un organismo público de nueva creación, que impulsará medidas preventivas y correctivas y velará por el cumplimiento por el que las empresas suministradoras se responsabilicen de las facturas impagadas. Este nuevo organismo público debería entrar en funcionamiento este noviembre y:

  • De este organismo dependerá el Fondo con el que las empresas harán frente a las facturas impagadas, y un Consejo Asesor y de control que desarrollará tareas de asesoramiento, formulación de propuestas de actuación y la elaboración de informes de temas que afectan al ámbito de la política energética. Estará formado por los grupos de interés que hoy conforman la Mesa de la Pobreza Energética así como por otras entidades directamente relacionadas con la problemática.

  • El Fondo debe tener vocación temporal con un horizonte 2014-2015 como medida de urgencia temporal ya que la única vía para dar respuesta a la situación actual de pobreza energética estructural (la sufre un 10% de la población) es mediante la aplicación de medidas estructurales.

  • Estas ayudas de urgencia serán proporcionales a los ingresos familiares y tomarán como referencia la taula de consums bàsics trabajada por la Mesa así como el llindar de Renda de Suficiència propuesto por las entidades y movimientos sociales.

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A punto de cumplirse el plazo para que la promotora reciba los 1.350 millones de euros, se posicionan en contra del pago y exigen acciones políticas

Diversas organizaciones de la sociedad civil (entre ellas la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético) preocupadas por el desenlace del proyecto de almacenaje submarino de gas natural Castor, muestran este jueves su rechazo frontal a la indemnización que el Real Decreto Ley del pasado 3 de octubre garantiza a ESCAL UGS por renunciar a la concesión. Las organizaciones urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos a que un mínimo de 50 diputados o senadores lleve a cabo una impugnación del RDL ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015.

Después de un trabajo a distintos niveles (local, catalán, estatal y europeo), así como con diferentes organizaciones e instituciones que han corroborado los impactos ambientales, sociales y económicos de este proyecto, las organizaciones firmantes hacen un llamamiento para el no-pago de la deuda del proyecto por parte de la ciudadanía y para que las instalaciones sean desmanteladas, dos demandas que el RDL imposibilita. También el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña) ha propuesto a la Generalitat y a la Defensora del Pueblo esta impugnación, y ha animado a los Defensores de otras Comunidades Autónomas a plantearlo en sus gobiernos.

ESCAL UGS, participada en el 66,6% por la ACS de Florentino Pérez, presentó su renuncia el pasado verano, y hace poco más de un mes el RDL le garantizó una indemnización de 1.350 millones de euros, a cargo del sistema gasista, permitiendo también la hibernación de las instalaciones indefinidamente. El plazo para el pago de la indemnización a ESCAL UGS, que debía hacerse con una celeridad sorprendente para un momento de crisis como el actual (un máximo de 35 días para realizarlo), terminará mañana viernes 14 de noviembre. En la práctica, se calcula que la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. A esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costes de operación y administración en los que incurra Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones, y que también se irían aplicando a la factura del gas.

En un momento de especial fragilidad por el aumento del desempleo y los recortes sociales, donde la pobreza energética ya afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá cómo sus facturas se incrementan todavía más. En el año 2013 se produjeron en España más de 75.000 cortes de suministro de gas por impago, 86% más respecto a 2012, y más de 1.1 millones de cortes de suministro eléctrico por impago, un 24% más que el año anterior. Si la indemnización de Castor se incluye en la factura del gas e incrementa todavía más su importe, ¿en qué situación se dejará a las familias? Su endeudamiento crecerá, empeorando así su situación económica y afectando gravemente a sus condiciones de vida. Mientras las empresas suministradoras de servicios básicos no dan cobertura a toda la población, se le exige a la ciudadanía responder por un proyecto impuesto e innecesario.

Organizaciones locales que desde el inicio alertaron de la opacidad durante todo el proceso, de los peligros asociados -como el demostrado riesgo sísmico-, o de las irregularidades administrativas, ven ahora cómo se pretende mantener a flote esta infraestructura, mientras la ciudadanía cubre con sus costes y riesgos, como los que podrían desprenderse de la vuelta a la inyección de gas, o incluso de la extracción de hibrocarburos que el RDL contempla. La ausencia del principio de precaución ha quedado en evidencia, así como la falta de voluntad para explorar opciones energéticas que no sean fósil-dependientes y que no hipotequen a la población a 30 años. Ante el contexto socio-económico actual se requiere, más que nunca, que el dinero público y de la población contribuyente deje de destinarse a pagar infraestructuras y modelos energéticos que tienen severos impactos sobre la vida de las personas, el territorio y el medio ambiente.

Las organizaciones firmantes también proponen la participación de la ciudadana en una recogida de firmas a través de la plataforma AVAAZ para dar su apoyo a la impugnación y presionar en el cumplimiento de estas demandas: que la población no pague por este proyecto mal planificado, mal ejecutado‏ y con un contrato abusivo, y que se consiga el desmantelamiento de las instalaciones, ambas peticiones ligadas a una fuerte exigencia de responsabilidades a todos los niveles.

Organizaciones que dan apoyo:

  • Aliança contra la Pobresa Energètica
  • Col.legi d’ambientolegs
  • Confederació d’Associacions de veïns de Catalunya (CONFAVC)
  • Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
  • Ecologistas en Acción
  • Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
  • FACUA Catalunya
  • Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
  • Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona
  • Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
  • Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
  • Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
  • Plataforma por un Nuevo çmodelo Energético
  • Xarxa per la sobirania energètica (Xse)
  • Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, salut, consum i alimentació

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