Miércoles, 22 Enero

A lo largo del año 2019, ESF ha desarrollado el proyecto "Pobreza energética cero: apoderamiento desde los barrios", conjuntamente con nosotros la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB). Situado en el marco de los Proyectos por el Clima (Barcelona +Sostenible), la tarea ha consistido en llevar a los barrios de la ciudad de Barcelona el discurso de derechos energéticos mediante talleres y compartir con tres colectivos diferentes qué es nuestro modelo energético, qué es la pobreza energética y qué son sus causas y consecuencias. Para el proyecto, en coordinación con el equipo de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE), se eligieron dos barrios para hacer la prueba piloto: Sant Antoni y Huerta. En cuanto a los colectivos, se quiso llegar a técnicos y voluntarios de entidades del tercer sector, profesorado de centros docentes y técnicos de espacios jóvenes y, finalmente, gente mayor.

Los talleres fueron todo un éxito y se aprovechó la última parte de los mismos para reflexionar sobre qué podían hacer desde sus entidades y colectivos para contribuir en el apoderamiento de la ciudadanía en materia energética. De todo, hemos sacado una guía didáctica que tendría que servir para que el proyecto se extienda por todos los barrios de la ciudad y cualquier entidad o colectivo con inquietudes pueda replicar los talleres a su entorno. El documento, de libre acceso, explica fase a fase como preparar los encuentros, da consejos de como afrontar cada parte del taller y resume qué hemos podido extraer de la prueba piloto realizada. Esperamos que esto sea una semilla que ayude a hacer llegar a todo el mundo cuáles son nuestros derechos y logremos un modelo energético más justo y sostenible.

Descarga la guía aquí (en catalán).

Las familias no pueden arrastrar más su deuda y alzan la voz: #EndesaFirmaJA

Barcelona, 23 de diciembre de 2019

Hoy la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y decenas de familias afectadas por la pobreza energética nos plantamos ante las oficinas comerciales de Endesa, con la legitimidad de la propuesta de convenio que la Generalitat presentó el pasado miércoles, después de meses de reuniones de trabajo en las que hemos participado. A las puertas de la Navidad, vemos la necesidad de visibilizar que han pasado ya cuatro años y medio sin contar con estos convenios, que deben permitir enjugar la deuda de las familias en situación de vulnerabilidad.

La acción de denuncia quiere señalar a la empresa y sus abusos y hacer sentir el grito unánime de la calle para que la empresa firme, lo antes posible y de una vez por todas, los convenios previstos en la Ley 24/2015. Endesa mostró su verdadera cara el pasado mes de agosto, una cara que las personas afectadas ya hace tiempo que sufren. En vez de una negociación en igualdad de condiciones con la Administración, la compañía sentó las bases de un clima centrado en la amenaza de corte y la reclamación de una deuda que ha ido creciendo precisamente por dejadez de la propia empresa. Asimismo, Endesa ha seguido acosando a muchas personas mediante empresas de recobro, e incluso ha comenzado a llevar a los tribunales a personas para cobrar la deuda acumulada.

Por este motivo, y después de casi seis años de lucha, desde la APE celebramos el momento de consenso social que vivimos y entendemos la importancia que la propuesta de convenio se haya hecho pública, y lo hacemos a través de la acción de hoy ante Endesa, para recordarle que la opinión pública desaprueba los abusos de la empresa. Ante esto, y mientras transformamos el modelo energético privatizado en el que vivimos, exigimos a la empresa que decida si está a la altura de la responsabilidad de gestionar un servicio esencial para la vida de las personas, o si responde solo a su junta de accionistas y a la maximización de beneficios. 

Desde la ciudadanía organizada hoy alzamos la voz en las oficinas de Endesa y decimos BASTA:

#EndesaFirmaJA porque las familias no pueden esperar más. La demora deliberada por parte de la empresa en el proceso de firmar los convenios ha hecho que miles de familias acumulen una deuda inflada artificialmente, con unas condiciones contractuales no adecuadas a su situación.

#EndesaFirmaJA porque el endeudamiento perpetúa la angustia de las familias y afecta negativamente a su salud. La condonación de la deuda acumulada y la cobertura periódica de las deudas que puedan acumularse en un futuro significa empezar de nuevo y poder tener una segunda oportunidad.

#EndesaFirmaJA porque no solo es una propuesta legítima sino que además es realista. Asumir la deuda acumulada representa menos de un 0,4% de sus beneficios.

#EndesaFirmaJA porque las administraciones de todo el territorio y la ciudadanía movilizada han marcado ya las líneas rojas. 

Ante el chantaje y las vulneraciones de derechos: movilización y control social.

¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!

Casi cuatro meses después de la amenaza de Endesa, se anuncia el documento que el Gobierno tendrá que defender ante la compañía

Miércoles, 18 de diciembre de 2019

Hoy, después de casi cuatro meses de trabajo, que han contado con la participación activa de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), se ha hecho pública la propuesta definitiva de convenio que la Generalitat planteará a Endesa. La presentación ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat y ha contado con la intervención del President Quim Torra. Entre las medidas principales, destacan la demanda de que sea la compañía quien asuma la totalidad de la deuda acumulada por las familias protegidas de corte por la Ley 24/2015, así como que sea la propia Endesa quien asuma el 60% de los posibles futuros impagos.

En primer lugar, desde la APE celebramos que en la propuesta final se haya incluido el 100% de la condonación por parte de Endesa, dado que era una de nuestras principales demandas. Y fruto de la presión hecha, se ha conseguido el consenso entre todas las administraciones para incluirlo en la propuesta. Por culpa de la negativa de la empresa a firmar los convenios en su momento, miles de familias han acumulado una deuda millonaria, inflada artificialmente con unas condiciones contractuales no adecuadas a su situación, que la compañía debe asumir sí o sí. Esta voluntad ha sido defendida por decenas de ayuntamientos de todo el territorio, que a partir de la iniciativa de la APE, han aprobado mociones en sus plenos exigiendo que fuera la compañía quien hiciera frente a estos impagos sin poner un euro público.

En segundo lugar, el convenio establece un reparto del 60-40 entre Endesa y Administraciones para las facturas que las familias en situación de vulnerabilidad no puedan pagar en el futuro. A pesar de que el espíritu de la ley era que fuesen las compañías las que asumieran todo el coste de la pobreza energética en Cataluña. En la propuesta de convenio de 2017 ya se planteó un reparto del 50-50 con el que no estábamos de acuerdo. Ahora, dos años después, hemos conseguido que las administraciones se pongan de acuerdo en reclamar a Endesa que asuma un porcentaje superior al de las instituciones públicas. Sin embargo, queremos dejar claro que, mientras el modelo energético esté controlado por grandes empresas como Endesa, que hacen negocio con derechos básicos, seguiremos luchando para que las grandes compañías asuman la totalidad de estos impagos, ya que son ellas las principales responsables.

En tercer lugar, el texto acordado añade algunos deberes tanto para Endesa como para la Generalitat. Para la compañía, se le obliga, entre otros, a optimizar los contratos de las familias protegidas por la Ley 24/2015 para que las facturas sean más reducidas, y a mejorar el canal de comunicación con la Administración en caso de impago, a fin de evitar algunas malas praxis producidas por parte de las empresas para con los Servicios Sociales municipales. También se pide a las compañías bonificar el 100% de las altas de familias en situación de riesgo de exclusión residencial, así como se cesen las prácticas de acoso para reclamar deudas, entre otras obligaciones. Muchas de las mejoras técnicas propuestas por la APE las hemos recogido precisamente de un diálogo fluido con el personal técnico de los municipios catalanes. Por otra parte, la Generalitat tendrá que crear un modelo único para facilitar la comunicación entre las empresas y los municipios, así como dar apoyo a los entes locales en el desarrollo de la legislación vigente.

El documento hecho público hoy es fruto de un largo trabajo que se inició el 2 de septiembre como respuesta a la amenaza de Endesa en decenas de municipios de toda Cataluña de cortar a las familias vulnerables con deuda acumulada. Desde entonces, se han producido un total de seis reuniones para consensuar una propuesta definitiva. En este sentido, queremos denunciar los ritmos con los que se ha movido la Administración, muy lejos de las necesidades de las familias afectadas. No entendemos, en ningún caso, como hemos tenido que esperar casi cuatro meses para tener este documento, más teniendo en cuenta el compromiso del Gobierno de firmar los convenios antes de finalizar el 2019. Aparte de los Departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y Empresa y Competitividad, han participado también en las reuniones de elaboración del documento las cuatro diputaciones, las entidades municipalistas, la AMB, el Ayuntamiento de Barcelona y la Mesa del Tercer sector.

Tanto la APE, como las miles de familias de todo el territorio que tienen facturas impagadas a día de hoy, llevamos esperando la firma de los convenios más de cuatro años. A pesar de que no compartimos que la Administración pública asuma parte de los posibles impagos futuros, por mucho que sea en un porcentaje inferior al de la empresa, necesitamos que la situación se desbloquee definitivamente y estas familias puedan empezar de cero y cuenten con toda la protección posible. Recordemos de esta forma que a pesar de que ha habido contactos entre Endesa y la Generalitat desde antes de verano, tal y como han reconocido ambas partes, la compañía ha continuado acosando a muchas personas mediante empresas de recobro e incluso ha comenzado a llevar a los tribunales a personas para cobrar la deuda acumulada.

Por lo tanto, queremos que este escenario de incertidumbre acabe de una vez y estas situaciones no se vuelvan a repetir nunca más. El pasado mes de julio, tras una reunión de la Comisión ILP-Vivienda - Ley 24/2015 con el President Torra, el propio Gobierno se comprometió a firmar los convenios antes de terminar el año. Sabemos perfectamente que el texto que hoy se anuncia es solo una propuesta, pero depende de la Generalitat defender firmemente el documento para que sea éste el convenio que se acabe firmando definitivamente entre Endesa y la Administración catalana. Mientras tanto, la APE seguiremos en la calle haciendo presión para asegurarnos de que así sea.

 

¡NI SED, NI FRÍO NI OSCURIDAD!

La compañía las había denunciado por una acción en sus oficinas donde se pedía la condonación de la deuda de familias vulnerables.

Las tres activistas del colectivo, incluida su portavoz, han sido finalmente absueltas de los delitos por los cuales Aigües de Barcelona (Agbar) las denunció. Después de más de un año de lucha, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona ha decidido poner fin al procedimiento por prescripción de los delitos atribuidos, dado que el caso llevaba paralizado desde marzo de 2018 a causa de un proceso de mediación sin resultados.

Hay que recordar en este sentido que la denuncia de Agbar tiene su origen en febrero de 2018, cuando la APE realizó una acción de denuncia durante más de ocho horas en las oficinas comerciales de la compañía en Barcelona. En la misma se exigía que Aigües de Barcelona condonara la deuda que las familias en situación de vulnerabilidad habían acumulado antes de la puesta en marcha del Fondo de Solidaridad, el mecanismo de descuentos en las facturas para estos colectivos. Recordamos, por ejemplo, que algunas familias tenían una deuda pendiente que rondaba los 1.000 euros y seguían recibiendo de forma periódica cartas en sus domicilios con el recordatorio del impago.

El mismo día de la acción, los responsables de la compañía aseguraron que lo que se estaba reclamando era imposible de llevar a cabo; pero al cabo de dos semanas, miles de familias vulnerables de Barcelona y cercanías recibieron una carta donde se les informaba que su deuda relativa a la parte de consumo (el apartado más importante) había sido condonada por Aigües de Barcelona, demostrando una vez más que las acciones de desobediencia civil son a menudo palanca de cambio ante los intereses de las grandes multinacionales.

Sin embargo, Agbar decidió denunciar a tres de las activistas que participaron en la acción que acabamos de explicar y se marcó el 16 de mayo de 2018 como fecha de celebración del juicio. Es en este momento cuando la APE decidimos emprender una campaña de denuncia contra la represión de Agbar hacia la ciudadanía organizada (#EncausadesPerAgbar), que contó con la adhesión de más de un centenar de entidades y colectivos de todo el planeta y culminó en una rueda de prensa multitudinaria ante las mismas oficinas que se habían ocupado pacíficamente el mes de febrero.

Ante este escenario, Agbar dio marcha atrás y propuso un proceso de mediación, hecho que hizo suspender el procedimiento judicial de forma temporal. La mediación, dirigida por la Decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Maria Eugènia Gay, contó con varias reuniones que mostraron las posiciones totalmente opuestas de las dos partes y, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, las responsables de Aigües de Barcelona optaron por dejar morir el caso y no solicitar al Juzgado la reactivación del procedimiento.

Por lo tanto, un año y medio más tarde, podemos decir que la acción de febrero de 2018 ha acabado de la mejor manera posible: con la condonación de la deuda de miles de familias vulnerables y con la absolución de las activistas encausadas. Somos conscientes de que este triunfo no hubiera sido posible sin el apoyo del más de un centenar de entidades que antes hemos comentado. Por eso, queremos agradecer la colaboración de centenares de organizaciones que nos apoyaron en su momento, esta victoria es de todas. Desde la calle, le hemos demostrado una vez más a Agbar que seguiremos defendiendo los derechos de la ciudadanía sin miedo a su represión. Por otro lado, tenemos claro que esta situación no la hubiéramos vivido si la gestión del agua en el área metropolitana fuera pública y democrática, y por eso continuaremos trabajando para conseguir la municipalización del servicio.

¡NI SED, NI FRÍO, NI OSCURIDAD!

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