Dijous, 28 Mai

 

Nuestras demandas: no cortar a familias vulnerables pasado el estado de alarma y condonar su deuda 

El presidente de la compañía y su secretario nos han respondido en directo

 

Barcelona, 26 de mayo de 2020

Hoy ha tenido lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas del grupo Naturgy por vía exclusivamente telemática debido a la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando. De nuevo, en este caso, y como parece que el sector empresarial está cogiendo por costumbre en tiempos de pandemia, las preguntas dirigidas al Consejo de Administración no se han podido hacer en directo durante el transcurso del encuentro sino que solo se podían transmitir por escrito. Aun así desde la APE hemos creído imprescindible participar y trasladar nuestras demandas, tal y como hicimos en la junta del año pasado.

El discurso, dirigido al Consejo de Administración y a sus accionistas, se ha centrado en trasladarles que la política de la compañía en relación con la vulnerabilidad energética, más allá de una excelente campaña de marketing, no es efectiva. En nuestras demandas hemos apelado primero a que la compañía mantenga la prohibición de cortes a familias en situación de vulnerabilidad una vez pasado el estado de alarma sin ningún tipo de condicionantes. Simplemente que ninguna familia se vea privada de su suministro luz y gas por el hecho de no poder pagar sus facturas.

En segundo lugar, les hemos reiterado que la política de aplazamiento o fraccionamiento de los pagos no es una solución efectiva para las famílias. Así hemos reclamado que en lugar de repartir 1.330 millones de euros de beneficios en dividendos, como han hecho entre junio de  2019 i marzo de 2020, dediquen esa fortuna a condonar las deudas de sus clientes vulnerables.

En tercer lugar, hemos exigido un nuevo enfoque en su plan de vulnerabilidad energética si realmente les preocupan las familias vulnerables para que no solo aumente su presupuesto sino que además lo dedique a asegurar el suministro a las familias vulnerables así como a condonar las deudas para que las familias dejen de sufrir para poder pagar sus facturas.

Una vez finalizada la intervención inicial del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, con el apoyo del secretario, Manuel García Cobaleda, han procedido a responder a las preguntas de los accionistas, entre las cuales la de la APE. La respuesta por parte de la compañía se ha limitado en gran medida a trasladar toda la responsabilidad a la Administración pública.

Respecto a la posibilidad de alargar la prohibición de corte más allá del estado de alarma se ha remitido a que debe ser el gobierno quien debe regular esta cuestión. Es decir, a hacernos creer que Naturgy no tiene la potestad de decidir no impulsar ningún corte a un cliente debidamente acreditado como vulnerable porque es el Estado quien debe establecer esa prohibición. Lógicamente, se trata de un argumento falso porque cualquier compañía puede mantener una política concreta en materia de cortes que vaya en la línea de garantizar el suministro a todos sus clientes vulnerables a pesar de que existan impagos.

Así, la principal justificación para no desarrollar un protocolo como éste es, en palabras del secretario, que la mayoría de los accionistas de Naturgy son “jubilados que complementan su pensión” y por tanto con sus más de 1.430 millones de euros de beneficio neto en 2019 no podrían llevar una política garantista en este sentido porque perjudicarían a sus accionistas. Según García Cobaleda, se trata de “balancear distintos intereses” y que al igual que hay clientes, también hay accionistas. Desde la APE nos oponemos frontalmente a este argumento: aquí no hay distintos intereses, aquí lo que existe son los derechos básicos de miles de familias vulnerables que viven constantemente bajo la amenaza de un corte y una compañía con tal nivel de beneficios debe tener el compromiso inequívoco de respetar dichos derechos. En todo caso, como ya hemos indicado antes, para la compañía es una cuestión que debería resolver la Administración.

Por último, en cuanto a la posibilidad de ampliar el presupuesto de la compañía dirigido a fines sociales, el secretario ha justificado que a parte de sus obligaciones legales, destinan también parte de sus beneficios a estos objetivos, firmando convenios de colaboración con municipios y entidades. Sin embargo, casi cinco años después de su entrada en vigor, seguimos esperando que Naturgy se siente en la mesa de negociación de los convenios que derivan de la Ley catalana 24/2015 y que la compañía ha torpedeado en cualquier posible ocasión. Seguramente su negativa a sentarse a negociar con la Generalitat es que el punto de partida, gracias a la presión ejercida desde la calle, es la condonación de la deuda acumulada desde la entrada en vigor de la ley.

Naturgy ha centrado gran parte de su Junta de accionistas a vanagloriarse del papel de la compañía durante la crisis sanitaria y su compromiso con la sociedad. Si ese compromiso fuese real no le temblaría el pulso a comprometerse a garantizar el suministro a familias vulnerables y cubrir su coste. Desde la APE no dejaremos de señalar a empresas como Naturgy hasta que no haya ninguna familia afectada por cortes de suministro y deudas impagables. 

 

Ni sed, ni frío, ni oscuridad!

La situació de confinament ha desembocat, per a moltes dones, en situacions de violències masclistes de les quals ara és més difícil sortir. A la por a sortir de casa se li suma la por al maltractador.

És necessària i urgent la cohesió entre organismes centrals i territorials de cara a la creació de xarxes segures per a les dones. Des del Pla de Xoc Ecofeminista estem treballant en diverses campanyes contra les violències masclistes, ja que ara romanen encara més ocultes del que és habitual en no tenir lloc, per exemple, determinats processos judicials.

Proposem, per tant, la realització de campanyes de visibilització municipals, territorials i estatals sobre els recursos disponibles contra la violència masclista a tot l'estat. Perquè som nosaltres les que estem assumint, en molts casos, una gran càrrega laboral que desemboca en una gran dificultat per conciliar i una accentuació de la crisi de les cures.

Volem visibilitzar a més l'accentuació d'una crisi de les cures que s'ha evidenciat més en aquest context de confinament, ja que som nosaltres les que estem assumint, en molts casos, una gran càrrega de el treball reproductiu i de cures (imprescindibles per a la vida) que desemboca en una gran dificultat per conciliar en aquest context de quarantena. Volem fer una especial incidència en el medi rural ja que les dones tenen menys accés a la informació i formació sobre gènere ja que les diferents xarxes i instruments de protecció davant aquest tipus de violències es troben majoritàriament en els nuclis urbans. Volem visibilitzar que les dones en situació de tràfic estan en una situació de vulnerabilitat i ha d'existir una alternativa per a elles i un teixit social i d'intervenció que les recolzi. Davant la sospita o evidència que s'estiguin produint violències masclistes és molt important recalcar que la intervenció veïnal i/o comunitària és clau.

El veïnat, els col·lectius feministes i les diverses xarxes de suport hem de realitzar un acompanyament i prestar suports davant de qualsevol sospita d'agressió. La nostra actuació pot ser crucial davant de qualsevol cas en el qual s'escoltin crits, cops o sorolls. A més, cal difondre de manera clara pautes per a tota la població sobre com actuar davant una sospita d'agressió. Exigim recursos suficients per garantir l'atenció, recuperació i reparació integral de les dones que viuen situacions de violència, al marge de quina sigui la seva situació (regularitzada o no) i exigim recursos econòmics, en l'àmbit laboral i formatiu, així com l'existència d' alternatives habitacionals adaptades a les necessitats de les dones i les seves filles i fills en situació de vulnerabilitat, agreujada per la crisi de la COVID-19, i en especial, per a dones amb diversitat funcional, migrants, racialitzades i persones trans.

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) organizamos un nuevo asesoramiento colectivo online el próximo miércoles 27 de mayo.

Sois muchas las personas y familias que continuais trasladándonos vuestros problemas con los suministros básicos de agua, luz o gas durante este tiempo de confinamiento. Muchas las que habéis visto vulnerado vuestro derecho al agua, por ejemplo, para encontraros ocupando una vivienda, cuando la higiene es fundamental para evitar contagios. Muchas otros nos habéis preguntado qué ayudas ha establecido el Gobierno del Estado en materia de suministros básicos para hacer frente a la crisis de la Covid-19. Incluso muchas seguís recibiendo amenazas de corte de suministro a pesar de que el Estado lo ha prohibido mientras dure el estado de alarma. 

El próximo miércoles, 27 de mayo, de 17 a 19h resolveremos estas dudas y todas los que puedan surgir e intentaremos dar respuesta a las problemáticas que nos vayáis planteando.

El asesoramiento colectivo se hará a través de la aplicación de videollamadas Jitsi en este enlace: https://meet.jit.si/assessoramentape

(Si accedéis a través del ordenador únicamente tendréis que hacer clic en el enlace. Si lo hacéis a través del móvil tendréis que descargar previamente la aplicación en la Google Play Store (Android) o en el APP STORE (iOS). Si tenéis cualquier problema para acceder no dudéis en contactarnos a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).

 

En aquest context del COVID19 la sanitat i l’aigua són fonamentals, per això des de la Red Pública de Agua (RAP) s’ha enviat una carta a la ministra Transició Ecológica, on denuncien les pressions del lobby privat dels serveis de l’aigua per manipular l’actual crisi sanitària en favor dels seus interessos empresarials.

A més reivindiquen 6 punts fonamentals com la remunicipalització dels serveis privatitzats per a prioritzar la funció social i ambiental de l’aigua.

A continuació el contigut de la carta:

Sra. Dª. Teresa Ribera Rodríguez

Vicepresidenta del Gobierno

Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Plaza San Juan de la Cruz, s/n

28071 MADRID

 

Madrid, 4 de mayo de 2020

Sra. Vicepresidenta:

La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a decenas de plataformas y organizaciones ecologistas, sindicales y sociales del estado español en la defensa de la gestión pública y democrática de los servicios del ciclo urbano del agua-, manifiesta su preocupación y estupor por la posición que, durante la actual situación de alarma sanitaria, han mantenido las empresas privadas que gestionan los servicios de agua, a través de sus portavoces Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).

La promulgación por parte del gobierno de los decretos ley 8 y 11 de marzo de 2020 garantizan, desde nuestro punto de vista, el disfrute del derecho humano al agua tanto de los sectores sociales vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social (RD ley 8/2020), como los que, debido a la crisis del COVID-19 y al actual estado de alarma, lo son potencialmente (RD ley 11/2020).

Apoyamos estas medidas de protección social, que suponen la garantía del suministro continuo de agua a las familias y la prohibición de los cortes, y exigen la solidaridad de los operadores de agua hacia la ciudadanía que resultará golpeada por la actual crisis sanitaria y social. En plena crisis, se ha puesto de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

A pesar del consenso social que suscitan las medidas contempladas en ambos decretos ley, en la carta dirigida a usted el 3 de abril pasado, AGA mantiene que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. También plantea la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que se producirá por la crisis sanitaria. Es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión. Queda patente que AGA no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.

En este contexto, pedimos a su gobierno que aborde las iniciativas siguientes para conseguir que la provisión de los servicios del ciclo integral urbano del agua sirvan para satisfacer las necesidades sociales de la ciudadanía y sean coherentes con el derecho humano al agua y al saneamiento:

  • Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación. Establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios esenciales vinculados a derechos humanos.
  • Dotar de financiación suficiente a los servicios públicos de gestión directa, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados entre sí al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se ha puesto en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana.
  • Prohibir por ley los denominados cánones concesionales, que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados.
  • Facilitar procesos de remunicipalización que aseguren la estabilidad en el empleo y que asuman la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma del modelo definido por el marco conceptual del derecho humano al agua.
  • Fortalecer la función reguladora de los municipios en tanto que titulares de los servicios del ciclo integral urbano del agua; en este sentido, rechazamos la creación de un regulador único y, en cambio, proponemos adoptar medidas como la creación de un organismo específico -Observatorio o Laboratorio-, del ciclo integral urbano del agua que propicie la comunicación, cooperación y el apoyo mutuo entre los entes locales, a la vez que garantice la transparencia en el ciclo y el acceso a la información por parte de la ciudadanía como garante de su participación activa y efectiva.
  • Por último, tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro.

Cordialmente,

Gonzalo Marín

Portavoz de la Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública

(Integrada por AEOPAS, Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies ,Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Red Agua Pública de Aragón, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública)

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