El Gobierno generará una oleada de cortes de suministro al no prorrogar la moratoria

La ampliación del “escudo social” no incluye esta medida y deja expuestas a miles de familias vulnerables a partir del 1 de octubre

Las compañías no podrán cortar en Catalunya, donde sigue en vigor la Ley 24/2015

Barcelona, 29 de septiembre de 2020

A la espera de leer la letra pequeña mañana en el BOE, el Gobierno central ha acordado no prorrogar por el momento la moratoria de cortes de suministros en todos los hogares del Estado en una decisión que puede conllevar consecuencias nefastas. Tras el Consejo de Ministros celebrado hoy, se ha anunciado la ampliación temporal del llamado “escudo social”, pero la garantía de los suministros de electricidad, gas y agua ha quedado fuera. Esta medida, más necesaria que nunca en plena pandemia, afecta a todo consumidor en su vivienda habitual y dejará de estar en vigor a partir del 1 de octubre, por lo que miles de familias en situación de vulnerabilidad van a quedar a expensas de las compañías, que podrían iniciar una oleada de cortes.

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) exigimos al Ejecutivo de Pedro Sánchez una rectificación inmediata y que apruebe cuanto antes una prórroga indefinida de la prohibición de cortes en el ámbito doméstico hasta que no se incluya el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética.

En este sentido, hace casi un año y medio, el Ministerio para la Transición Energética presentó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, en la cual se incluía el principio de precaución como una de las principales medidas a impulsar. Este consiste básicamente en imponer a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro hasta que la empresa no consulte la situación económica de la familia afectada con los Servicios Sociales competentes y se tenga la certeza de que no se trata de una familia vulnerable. Por ello, reclamamos que hasta que no se establezca este mecanismo de forma efectiva, se prorrogue la actual prohibición de corte en todo el ámbito doméstico, más aún cuando nos encontramos en medio de una pandemia mundial y a las puertas de una gran crisis social y económica.

Si el llamado “gobierno progresista” no hace nada, miles de familias vulnerables en todo el Estado podrán sufrir cortes en sus domicilios a partir del 1 de octubre. Muchas de ellas han visto cómo sus facturas se han incrementado durante el confinamiento y no han podido hacer frente a los pagos. Por este motivo, desde APE ya exigimos, al declararse el estado de alarma, que era necesario establecer la gratuidad de los suministros a cargo de las empresas por unos meses, pero el Gobierno desoyó la demanda y a partir del próximo jueves seremos testigos de las consecuencias. Moncloa de este modo se pliega a los intereses de las grandes compañías, quienes se han opuesto a la prohibición desde el primer momento.

La prohibición de cortes es una medida de mínimos y es inaceptable que no se prorrogue. Recogida originalmente en el Real Decreto-ley 8/2020, se amplió a principios de abril a toda residencia habitual tras las quejas de APE. En julio se decidió ampliar la protección hasta el 30 de septiembre. Por contra, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la extensión de la cobertura del bono social eléctrico con la introducción de nuevos supuestos. Hasta el 30 de junio de 2021, podrán acogerse al descuento del 25% en la factura eléctrica aquellas familias con algún miembro en situación de desempleo, en ERTE o que haya visto reducida su jornada laboral por cuidados o, en el caso de ser empresario, afrontar circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos. A pesar de las buenas intenciones, y como ya hemos repetido en múltiples ocasiones, el bono social es una medida que no ofrece soluciones reales a las personas que padecen la pobreza energética, dado que muchas de ellas siguen sin poder hacer frente a sus facturas, a pesar de contar con los correspondientes descuentos. Además, no abarca las facturas de gas ni de agua, aumentando el grado de desprotección de estas familias. En este sentido, aunque durante la rueda de prensa posterior al Consejo se ha mencionado la figura del bono social térmico, la realidad es que se trata de una dotación única anual muy reducida (entre 25 y 123,94€), sujeta a disponibilidad presupuestaria y a la cual muchas de las participantes de nuestras asambleas, pese a realizar los trámites establecidos, no han podido acceder todavía a día de hoy.

Preguntada por los medios, la portavoz María Jesús Montero ha indicado que a pesar de la no inclusión de la prohibición, todas las familias vulnerables en España están protegidas del corte a través de la legislación energética. Desde APE negamos rotundamente esta afirmación, ya que los únicos suministros protegidos de corte son los de aquellas familias con bono social y con algún menor de 16 años, persona con discapacidad o en situación de dependencia entre sus miembros, así como aquellas que cuenten con el descuento máximo del bono social (vulnerables severas) y a las cuales los Servicios Sociales les cubran la mitad de los impagos. Este hecho demuestra que muchas familias vulnerables, por ejemplo las que no cuentan con el bono social por desconocimiento o las personas ancianas que viven solas y tienen una pensión de 700 €, estarán totalmente desprotegidas frente a las compañías. La pregunta que cabría hacerse entonces sería: ¿si las familias vulnerables ya estaban protegidas, por qué se aprobó una prohibición de corte? ¿Con qué protección específica cuentan ahora los suministros de gas y agua? Las explicaciones ofrecidas han sido sumamente decepcionantes y demuestran un grado de desconocimiento de la realidad de la pobreza energética muy preocupante.

Aparte de la garantía de suministro, también ha sido excluida de la ampliación del “escudo social” la prórroga en la solicitud del bono social eléctrico. Así que a partir del jueves, las familias vulnerables que no hayan renovado su bono tras dos años desde su adjudicación perderán sus beneficios y deberán volver a presentar toda la documentación requerida, con las trabas burocráticas que ya hemos denunciado en el pasado.

Afortunadamente, las familias vulnerables de Catalunya no serán víctimas de la dejadez del Gobierno, gracias a la Ley 24/2015, que las protege del corte e incluye el principio de precaución como principal mecanismo de garantía del bienestar de dichas familias. En el territorio catalán se han evitado durante el último lustro miles de vulneraciones de derechos en forma de cortes de suministros, y por ello es imprescindible que herramientas como esta se repliquen en el conjunto del Estado. Hasta entonces, la mejor solución consiste en prorrogar la prohibición de corte en el ámbito doméstico de forma indefinida y no dejar en la estacada a miles de familias vulnerables.

Desde APE seguiremos recordándole al Gobierno que no dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las familias en plena pandemia, y que no hay vivienda digna sin suministros. Exigimos hechos, no meras palabras.