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Las entidades sociales reclamamos medidas efectivas en la Tabla de emergencia en el ámbito de vivienda y pobreza energética

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No podemos permitirnos que sea otro espacio inoperativo

Hoy se reúne la Mesa de emergencia en el ámbito de vivienda y pobreza energética que surge del mandato del Parlamento de Cataluña de 10 de marzo de 2016. Las entidades sociales convocadas a participar en la mesa nos reunimos el pasado viernes 10 de junio para acordar demandas concretas en materia de vivienda y pobreza energética que consideramos imprescindibles para revertir la emergencia habitacional en Cataluña y para evitar que una vez más la Tabla quede en un espacio inoperativo y vacío de contenido.

Fruto de la reunión mantenida entre las entidades: Alianza contra la pobreza energética, Asociación Bienestar y Desarrollo, Cáritas diocesana de Barcelona, Cooperativa Tarpuna, Coordinadora de Asambleas de trabajadores / as en paro de Cataluña, Ecoserveis, Fundación Mambré, Fundación Hàbitat3, Observatorio DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, mesa tercer sector, CCOO y UGT consensuamos que de esta tabla deben surgir los siguientes compromisos:

En materia de vivienda:

  • Exigir a las entidades financieras: continuar aplicando los preceptos de la Ley 24/2015, es decir, detener los desahucios y ofrecer un alquiler social a las afectadas que cumplen los requisitos de la Ley 24/2015, condonar la deuda a las afectadas y ceder las viviendas vacías que no están cumpliendo con la función social de la vivienda establecido en la Ley 18/2007 a la Administración Pública para que ésta pueda dar respuesta a la emergencia habitacional.
  • A la Generalitat:
    • Aumentar la partida presupuestaria destinada a políticas públicas de vivienda para poder dar respuesta a las necesidades actuales.
    • Abrir urgentemente la convocatoria de nuevas ayudas de alquiler para este año y posteriores en forma de convocatoria abierta permanentemente, evitando así miles de desahucios de alquiler de pequeños tenedores.
    • Aplicar las sanciones de la Ley 18/2007 a los grandes tenedores de vivienda que incumplen con la función social de la vivienda, con el objetivo de movilizar los pisos vacíos.
    • Intervenir sobre los inmuebles en mal estado de conservación, en aplicación del artículo 32 y 40 de la Ley 18/2007 y el artículo 4 del Decreto 1/2015, para que cumplan su función social y erradicar las problemáticas que generan a los municipios.
    • Concretar el desarrollo del principio de solidaridad urbana recogido en la Ley 18/2007 para llegar al 15% de viviendas destinadas a políticas sociales, respecto del total de viviendas del municipio.
  • Elaborar y hacer públicos informes periódicos, que lleven datos sobre la población que se encuentra en exclusión residencial, así como el estado de la situación de la vivienda en Cataluña.
  • Desplegar una campaña que informe a la ciudadanía de sus derechos en materia de vivienda y pobreza energética, así como las vías para asegurarlos y la posibilidad de denuncia en caso de vulneración.
  • Ampliar áreas de demanda residencial fuerte y acreditada para que haya más municipios que se puedan beneficiar de las medidas de movilización de pisos.
  • Abordar la necesidad de regularizar las situaciones de ocupación en precario de todas aquellas familias que se han visto empujadas a esta situación, es decir, aquellas en riesgo de exclusión residencial.
  • Aumentar el presupuesto destinado a la CHI (Red de Viviendas de Inclusión) e introducir otros criterios para su justificación.
  • Incrementar, potenciar y coordinar el Fondo de vivienda de alquiler destinado a políticas sociales.
  • Abrir contingentes especiales de vivienda pública para personas y familias en diferentes situaciones de vulnerabilidad social (personas mayores, jóvenes, vulnerabilidad económica, diversidad funcional, problemática de salud mental, marginación, etc…).
  • A los ayuntamientos:
    • Adaptar, en caso de no haberlo hecho, los reglamentos de todas las Mesas de Emergencias municipales, incorporando como requisitos de acceso, los criterios de exclusión residencial de la Ley 24/2015 (art. 10.5), para todas las personas en riesgo de sufrir cualquier procedimiento de desahucio.
    • Aprobar que se sigan utilizando como baremo para el cálculo del precio del alquiler en los realojos los porcentajes límite que marca la Ley 24/2015 del 10%, 12% y 18% de los ingresos de la unidad familiar (art.5.7).
    • Aprobar y calendarizar la realización de un censo para detectar todas las viviendas que no están cumpliendo con la función social tal y como estipula la Ley 18/2007 para movilizarlos hacia vivienda social, sin que la elaboración de este censo produzca ningún retraso en la aplicación de las sanciones que obliga la Ley 18/2007 de las viviendas ya identificadas.
    • Adoptar el compromiso de ir aumentando el parque social en régimen de alquiler para poder proveer de vivienda a los ciudadanos de su municipio que se encuentren en situación de exclusión residencial.
    • Realizar periódicamente recuentos nocturnos de calle para conocer la situación de las personas sin hogar en su municipio, así como elaborar diagnósticos sobre la situación de exclusión residencial del municipio.

En materia de pobreza energética:

  • Exigir a la Generalidad garantizar el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 24/2015 que no ha sido afectado por el recurso del Tribunal Constitucional:
    • Firmando los convenios para que las compañías suministradoras se comprometan a asumir su responsabilidad para dar una solución estructural al problema de la deuda que ahoga a las familias en riesgo de exclusión residencial.
    • Realizando inspecciones de oficio por los incumplimientos de la Ley 24/2015 por parte de las compañías suministradoras aplicando las sanciones correspondientes.
    • Destinar los fondos públicos aportados al Fondo de atención solidaria a medidas de eficiencia energética y rehabilitación de edificios, adoptando mecanismos de corresponsabilización o acuerdo con la propiedad para que las intervenciones de mejora en viviendas de alquiler puedan derivar tanto en rebaja del precio del alquiler como en protección frente a incrementos futuros.
    • Impulsar, a través del Fondo de atención solidaria, planes de inserción y recualificación profesional para personas que tienen dificultades de acceso al mercado laboral normalizado en el ámbito de la eficiencia energética y de la rehabilitación de edificios y viviendas, con el objetivo de convertir la respuesta a este problema en una oportunidad para muchas personas en riesgo de exclusión social.
    • Incluir en el desarrollo reglamentario de la ley los protocolos de desarrollo de la Ley 24/2015 para facilitar la aplicación de la misma en los municipios.
    • Revisar los contratos del parque público de viviendas para ofrecer el precio mínimo de los suministros básicos, ofreciendo tarifas sociales y potencias adecuadas.
    • Cumplir la Ley en cuanto al empadronamiento, para que todas las personas que se encuentran en situación de exclusión residencial puedan empadronarse mediante el empadronamiento sin domicilio fijo o por otras vías.
  • Exigir a las compañías suministradoras la firma de los convenios que establece la Ley 24/2015 por los que estas deben comprometerse a:
    • Condonar la deuda acumulada por las familias para dar a éstas una segunda oportunidad.
    • Revisar los contratos para ofrecer el precio mínimo de los suministros básicos, ofreciendo tarifas sociales y potencias adecuadas.
    • Si aún así las familias no pueden asumir el coste de las facturas de los suministros básicos a pesar de tener unos consumos ajustados, aplicar un descuento en la factura rebajando su precio hasta que el coste sea asumible por la familia, teniendo como referencia que el gasto en los suministros básicos no puede superar el 10% de los ingresos de la unidad familiar.
    • Regularizar el servicio de las familias que viven en viviendas sin titularidad y/o contrato del servicio.

Esperamos que en esta Mesa, tanto la Generalitat como las entidades financieras, los grandes tenedores de vivienda y las empresas suministradoras, estén a la altura de las circunstancias y asuman las responsabilidades que les corresponden. Las entidades y movimientos sociales no podemos permitir que esta Mesa vuelva a ser un espacio inoperativo y vacío de contenido mientras hay miles de familias en Cataluña que siguen sufriendo por no tener garantizados derechos tan básicos como el acceso a una vivienda digna y los suministros de agua, luz y gas.

Barcelona, 13 de junio de 2016

 Aliança contra la pobresa energètica
 Associació Benestar i Desenvolupament
 Càritas diocesana de Barcelona
 CCOO
 Cooperativa Tarpuna
 Coordinadora d’Assemblees de treballadors/es en  atur de Catalunya 
 Ecoserveis
 Fundació  Mambré
 Fundació Hàbitat3
 Observatori DESC 
 Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
 Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 UGT 

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