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El Govern anuncia un Decreto Ley que refuerza los postulados de la ILP de vivienda

El anuncio de la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda demuestra que el gobierno de Cataluña dispone de competencias para movilizar hacia el alquiler social los pisos vacíos propiedad de la banca y para detener la compra masiva de inmuebles para parte de fondos buitres.

La medida, sin embargo, tendrá un efecto muy limitado ya que no afronta la problemática creciente de los desahucios.

En realidad, las “medidas de urgencia” que prevé el Govern forman parte de la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2007 y por lo tanto podrían haberse aplicado hace más de 7 años.

Ante la inminente aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda las entidades impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética solicitamos al Govern una reunión urgente para conocer los detalles y poder así participar de manera informada en la elaboración de las propuestas.

La ILP de Vivienda reivindica la necesidad de promover medidas urgentes a la altura de la situación de emergencia habitacional que afecta a Cataluña. Esto significa por un lado intervenir en el parque desocupado, casi 500.000 pisos en Cataluña, y por otro detener los desalojos ya sean hipotecarios o por impago de alquiler e impedir los cortes de suministros.

La PAH y el Observatorio DESC hemos denunciado en numerosas ocasiones la pasividad del Govern ante la adquisición por parte de fondos buitres de inmuebles a precios de saldo que fácilmente podrían pasar a formar parte del parque de viviendas sociales. Ambas entidades hemos reiterado la posibilidad de las administraciones de detener estas operaciones en zonas de alta demanda residencial ejerciendo el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Vivienda de 2007. El anuncio del Govern, sin embargo, llega tarde ya que los bancos se han deshecho de una parte importante de los pisos y solares de que disponían. Nos preocupa también que las políticas de ajuste limiten la capacidad de intervenir de forma decisiva. Asimismo, queremos aprovechar para recordar que la propia Generalitat está malvendiendo patrimonio público a fondo buitres.

En cuanto a la propuesta de creación de un Registro de Pisos Vacíos mencionar que para que éste tenga sentido hace falta que incluya todas las viviendas vacías, empezando por las que son propiedad de bancos y fondos buitres con independencia de si provienen o no de un proceso de ejecución hipotecaria. El Govern no puede obviar los cientos de pisos vacíos en manos de promotoras y fondos buitres que ni siquiera se han llegado a comercializar, o el despropósito que supone la concentración de pisos vacíos por parte de la SAREB.

De hecho, el grueso de medidas que efectivamente podrían hacer frente a la situación de emergencia habitacional está previsto en la ILP de Vivienda que inició el trámite en el Parlamento el pasado mes de julio de 2014. Una ILP que cuenta ya con el apoyo de más de 40.000 firmas.

Con el anuncio de este Decreto Ley el Govern reconoce lo que la ciudadanía hace años que clama. Hoy se puede acabar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda mediante la expropiación del usufructo de los miles de pisos vacíos que hay en Cataluña en manos de las entidades financieras, inmobiliarias y grandes propietarios. Para ello, sin embargo, no será suficiente con medidas impulsadas desde arriba que no cuentan con la participación activa de la ciudadanía organizada. Sabemos que hoy se puede, y se debe hacer.

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