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[Comunicado] Un colectivo de bomberos y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) presentan una propuesta para determinar y cuantificar las víctimas de la pobreza energética

La propuesta quiere trasladar a Servicios Sociales la información suficiente indicando la situación de pobreza energética o el riesgo de padecerla

Atendiendo a la situación de pobreza energética que afecta a más de un 10% de la población catalana y al aumento de incendios que podrían estar asociados a ésta, un grupo de Bomberos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, junto con la Alianza contra la pobreza energética, nos unimos para hacer una propuesta conjunta.

Unos de los riesgos que genera la pobreza energética y los desahucios son los derivados de las ocupaciones incontroladas, de infraviviendas y de riesgos eléctricos como consecuencia de instalaciones defectuosas, de tomas de acometidas sin las protecciones adecuadas, de sobrecargas de instalaciones y de electrocuciones. Así como los riesgos derivados de la utilización de braseros y estufas improvisadas de leña y de gas para calentar el hogar.

Solo en 2015 hubo un aumento del 20% de intoxicaciones por CO como consecuencia de la mala combustión de calderas sin las revisiones preceptivas o manipuladas en casa. Las consecuencias de todo ello son graves accidentes, incendios y muertes.

En 2015, caracterizado por un invierno con temperaturas bastante suaves, Cataluña fue la primera comunidad autónoma con más muertes por incendios en el hogar, concretamente 29, según un estudio de la fundación Mapfre. De diciembre a febrero de 2017 llevamos 8 muertes en Cataluña y 51 en todo el Estado español, confirmándose la tendencia al alza en víctimas y número de incendios. Muchas de ellas como consecuencia de la utilización de braseros para calentarse.

La Generalitat no ha vinculado ninguna de estas muertes con situaciones de vulnerabilidad. Y recordemos que, de las 10 víctimas mortales en incendios del primer trimestre de 2014, al menos 6 de estas pueden ser atribuidas a la pobreza energética, según un estudio realizado por los sindicatos de Bomberos de la Generalitat.

Aunque los servicios de Emergencias han detectado un aumento considerable de estas víctimas, la Administración no pone las herramientas para que los trabajadores puedan identificarlas y relacionarlas en sus informes, imposibilitando la valoración oficial y subjetiva de estos datos que darían como resultado unas estadísticas muy valiosas para identificar, cuantificar el problema y plantear soluciones.

De la misma manera que la violencia de género no existía para la sociedad antes de los 80, hasta que se empezó a tipificar, pasando de ser víctimas de un crimen a víctimas de la violencia de género, la sociedad y autoridades no empezaron a buscar soluciones reales y efectivas.

Del mismo modo, policías, bomberos, investigadores y forenses, es necesario que empiecen a consignar la pobreza como descriptor de casos tan evidentes como la muerte de Dessiré, la niña de tres años de Balaguer, que murió intoxicada mientras se calentaba con una improvisada chimenea en su precario hogar después de haber sufrido un desahucio; o los cuatro niños del Vendrell, que murieron víctimas de un incendio en su hogar sin suministros; o la Rosa de Reus, última víctima visible de un corte indiscriminado de electricidad. Estas son las víctimas visibles y mediáticas de la pobreza energética, pero sospechamos que cada vez hay más en la oscuridad y el anonimato y no se hace todo lo posible por identificarlas.

No hay duda de que detectar, cuantificar y tipificar los casos ayudará a que las administraciones tomen conciencia de un problema latente que no quieren ver y que no ha hecho más que empezar.

Partiendo de la protección que plantea la Ley 24/2015 contra los cortes de suministros básicos, y la preceptiva solicitud de informes a los servicios sociales, 16 meses después de la entrada en vigor de la ley se ha detectado que el 80 % de los avisos de impago o de cortes que las empresas comunican a los servicios sociales acaban siendo de usuarios no controlados por los mismos servicios sociales.

Por ello, un grupo de Bomberos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, conjuntamente con APE (Alianza contra la Pobreza Energética), queremos aportar nuestra experiencia, con una propuesta de recogida de datos básicos que pueda determinar y cuantificar el alcance de los casos de pobreza energética en nuestras intervenciones, a la vez que sirva para trasladar a Servicios Sociales la información suficiente que condicione la detección de casos de pobreza energética y la parada de cortes de suministro, si fuera el caso, mediante informe positivo de vulnerabilidad, indicando la situación de pobreza energética o el riesgo de padecerla.

La propuesta se concreta para establecer cuatro grupos principales de detección o indicadores basados en:

  • Valoración del estado de la vivienda o lugar (estructural y de mantenimiento, orden e higiene, presencia de humedades …)
  • Presencia y estado de los suministros y las instalaciones (ausencia, corte de suministro, precariedad, servicios pinchados …)
  • Condiciones climáticas y aislamiento, nivel de confort térmico.
  • Valoración de factores personales, familiares, y si hay intervenciones previas de Servicios Sociales o no.

Por parte de los responsables de la intervención, estos indicadores determinarán en su informe:

a) si se trata de situación de pobreza energética
b) si hay riesgo de padecerla o bien no queda suficientemente definido

Ambos casos no deben menoscabar la concurrencia/activación en su caso, de los servicios sociales/emergencias sociales, como ya se viene dando hasta ahora. Tienen por objetivo la comunicación a Servicios Sociales y, en el segundo supuesto, puede conllevar el estudio o valoración de sus técnicos de forma más detallada.

Los grupos que forman los indicadores, hay que desarrollarlos en detalle para dar criterio suficiente y aportar rigor a los datos, siempre desde el respeto a las personas, su privacidad y garantizando la dignidad.

La implementación de esta propuesta a los informes, acompañada de la información y formación pertinente a los responsables de redactarlos, queremos trasladarla a las dos administraciones competentes, sus Directores y responsables Políticos, tanto Generalitat como Ayuntamiento de Barcelona, dando así cobertura en el territorio donde tiene su alcance la Ley 24/2015.

21 de Febrero de 2017

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