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[Comunicado] El Supremo y las eléctricas dan la espalda a la pobreza energética

La sentencia del Tribunal Supremo que ayer se hizo pública, anulando el bono social y obligando a indemnizar a las eléctricas, no hace más que confirmar la connivencia del poder político y judicial con el oligopolio energético. Desde la creación del bono social, las eléctricas de referencia que forman UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP) no han dejado de poner impedimentos para no ser ellas quienes lo financien y para que este sea ​​cada vez más restrictivo.

El bono social es un mecanismo creado el 1 de julio de 2009 para, en teoría, proteger a los consumidores llamados vulnerables. Con el bono social, se aplica a la tarifa PVPC un 25% de descuento. A este se pueden acoger hogares con potencia inferior a 3kW, familias numerosas y personas que reciban pensiones mínimas y acrediten, dentro de la unidad familiar, que todos sus miembros están en paro. Pero la misma CNMC comunicaba el año pasado que solo el 41,69% de los potenciales beneficiarios se acogen finalmente. El número de personas beneficiarias del bono social de la tarifa eléctrica ha disminuido casi un 18% desde que se creó, mientras que la pobreza energética no ha dejado de aumentar, lo que indica que es una medida ineficiente para proteger a los usuarios que la sufren.

En cuanto a la financiación del bono social la disputa viene de lejos. El Real Decreto-Ley 6/2009 establecía que la financiación de este mecanismo fuera asumido por algunas de las empresas titulares de instalaciones de generación, con cuotas de aportación según las cuotas del mercado que abarcaba su actividad, pero una sentencia del Tribunal Supremo declaró este criterio inaplicable. El bono quedó, por consiguiente, incluido en la tarifa mediante los peajes de acceso, y las eléctricas han presionado para que así vuelva a ser.

El Real Decreto-Ley 9/2013 hizo que de nuevo fueran las compañías, concretamente las matrices de las empresas integradas verticalmente, las que tuviesen que asumir su coste, según la cuota de conexiones a la red de cada una. Desde entonces las 5 grandes eléctricas han recurrido todas las órdenes de pago anuales que fija la CNMC, además del significativo recurso presentado ante el Tribunal Supremo sobre el Real Decreto que fijaba la metodología para calcular el reparto.

Finalmente ayer, la sentencia falló a favor de las eléctricas, implicando esto que será la ciudadanía quien deberá pagar de manera retroactiva el coste del bono social aplicado desde 2014, a razón de casi 200 millones de euros por año. El bono social español es de los menos garantistas a nivel de la UE y la sentencia del Supremo representa una bofetada a la ciudadanía, que verá aún más incrementada su factura mensual. El bono social, pues, deja de ser social, si es que lo fue en algún momento.

Desde la APE, que en Cataluña hemos logrado garantizar el suministro a los hogares vulnerables con las medidas de emergencia incluidas en la Ley 24/2015, exigimos acabar definitivamente con la pobreza energética aplicando en todo el Estado una verdadera Tarifa Social adaptada a la situación económica de cada hogar, que implique la garantía de suministro a todas las familias vulnerables. Que pueda ser ofrecida por todas las comercializadoras, pero que el coste de esta sea asumido por aquellos actores que efectivamente controlan el grueso del mercado, es decir, el oligopolio. Exigimos, asimismo, que haya una detección activa (o incluso de oficio) de los casos que se pueden acoger, al igual que se detecta de forma automática el incumplimiento de alguno de los requisitos para las personas que se benefician.

Los beneficios (multimillonarios) para financiar esta Tarifa Social existen, pero falta una Administración que deje de estar al servicio de las grandes eléctricas y las responsabilice de una vez por todas de una situación fruto de sus abusos.

Alianza contra la Pobreza Energética
¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!

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