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[Comunicado] La pobreza energética mata. ¡La Ley 24/2015 salva vidas!

La APE y la PAH convocamos hoy una concentración para exigir responsabilidades por las muertes que causa la pobreza energética y que se podían haber evitado.

Lunes, Rosa, una mujer de 81 años, murió en Reus por causa de un incendio provocado por una vela con la que se iluminaba porque hacía dos meses Gas Natural ordenó cortarle la luz por impago. Desde esta concentración queremos enviar nuestro pésame a sus familiares y amistades, lamentamos profundamente una muerte que se podía haber evitado si Gas Natural hubiera cumplido con la Ley 24/2015 de medidas urgentes contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, en vigor en Cataluña desde agosto del año pasado, gracias al impulso de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y la pobreza energética.

El principio de precaución de la Ley 24/2015 obliga a las empresas suministradoras, que al final son las que tienen la información de las personas que tienen impagos, a consultar a Servicios Sociales antes de efectuar un corte, para ver si la persona está en situación de vulnerabilidad, y de ser así, no lo puede realizar. El Ayuntamiento de Reus dice que no tenía constancia de los impagos de las facturas, hecho que demuestra que la compañía ha incumplido de manera flagrante la ley y, lo que es más grave, que esta muerte se podía haber evitado.

Por desgracia, el caso de Rosa no es un caso aislado, muchas familias se encuentran en situaciones similares. Los bomberos denunciaron hace tan solo unas semanas que, 6 de cada 10 incendios con víctimas mortales que se producían en Cataluña, tenían relación con la pobreza energética.

Y aquí hace falta una aclaración, porque hay cierta confusión sobre qué está vigente y qué no de esta ley: es cierto que, obedeciendo a la banca, el PP impugnó gran parte de las medidas de vivienda y que el Tribunal Constitucional las ha suspendido hasta dictar sentencia, y eso nos indigna. Pero hace falta tener presente que las medidas de pobreza energética las salvamos del recurso gracias a la presión social y están plenamente vigentes.

La Alianza contra la Pobreza Energética no nos hemos cansado de denunciar, desde el día siguiente a la entrada en vigor de la ley, los incumplimientos flagrantes por parte de las compañías eléctricas y de gas, que han hecho caso omiso a la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Hicimos reiteradas acciones de denuncia contra las eléctricas y también exigimos muchas veces a la Generalitat que actúe de oficio, que inspeccione estas compañías, y  que no se quede sentada esperando que lleguen las denuncias. La Generalitat tiene constancia de los incumplimientos diarios por parte de estas compañías porque les hemos denunciado desde la sociedad civil y desde los propios ayuntamientos, pero lo único que ha hecho es abrir un centenar de expedientes por los que puso 18 sanciones de importe mínimo, 10.000 euros, y que no ha tomado ninguna acción de oficio.

Es por este motivo que exigimos responsabilidades, en primer lugar y sobretodo, a Gas Natural que ha incumplido el principio de precaución y la obligación que tiene de ponerse en contacto previamente con Servicios Sociales, y en segundo lugar, a la Administración, Generalitat y ayuntamientos que, en definitiva, son los que garantizan el cumplimiento de las leyes aprobadas en el Parlamento de Cataluña. Estamos estudiando iniciar acciones legales contra todos aquellos que han incumplido la Ley.

Asimismo, exigimos a la Generalitat que aplique una sanción ejemplar a Gas Natural imponiendo una multa de máxima cuantía, 1 millón de euros, por tratarse de una infracción muy grave. Al mismo tiempo, pedimos una reunión de urgencia con el Consejero Jordi Beiget, de Empresa y Conocimiento, para que nos explique de primera mano cuáles serán los próximos pasos que harán.

Evitar los cortes de suministro y hacer que se aplique el principio de precaución es el primer paso para afrontar la emergencia, pero las obligaciones que se establecen en la ley no se quedan aquí. También establece un mecanismo para hacerse cargo de la deuda que se le genera a las familias que no pueden hacer frente a las facturas. No tiene ningún sentido que los ayuntamientos, tal como explicaba Reus ayer en la rueda de prensa, continúen pagando con presupuestos municipales las facturas impagadas de familias vulnerables y continuar así engordando los beneficios de compañías que hacen negocio con la gestión de derechos básicos. De nuevo, la responsabilidad recae sobre la Generalitat que, más de un año después de la entrada en vigor de la ley, no ha firmado los convenios con las compañías suministradoras que deben garantizar que éstas se hagan cargo de las deudas de las familias aplicando ayudas a fondo perdido y descuentos significativos, tal y como marca el artículo 6.3.

El invierno está aquí, el lunes murió una mujer en Reus por culpa de un corte de Gas Natural, mañana puede ser en cualquier otro lugar de Cataluña y por cualquier empresa suministradora. No tiene ningún sentido que, si tenemos una herramienta como la Ley 24/2015, se permita que situaciones como ésta vuelvan a ocurrir.

La Ley 24/2015 salva vidas y no podemos permitir ni un incumplimiento más por parte de ninguna empresa suministradora.

Ni sed, ni frío, ni oscuridad.

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