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Comunicado: Exigimos el cumplimiento integral de la Ley 24/2015

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En el Pleno de la emergencia social, en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la prioridad debe ser la aplicación de la Ley 24/2015

Coincidiendo con el Pleno sobre emergencia social que tendrá lugar entre hoy y mañana en el Parlamento de Cataluña, la comisión promotora de la ILP vivienda queremos poner sobre la mesa que es urgente la aplicación integral de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que ya hace más de 7 meses está en vigor.

Esta ley, fruto de una ILP impulsada desde la calle, consiguió el apoyo de 150.000 catalanes recogiendo un gran reclamo social y se aprobó por unanimidad en el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 23 de julio. Conscientes de que aprobar una ley no cambia la realidad, desde septiembre hemos interpelado a los jueces decanos para su aplicación y hemos trabajo conjuntamente con la Generalitat, la Agencia de la vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de Consumo de Cataluña, en la elaboración de guías de aplicación de la norma para ayuntamientos, usuarios y entidades financieras. Además, participamos en las 9 formaciones que se hicieron por todo el territorio catalán a más de un millar de trabajadores de la Administración local. Todo un esfuerzo que valoramos como muy positivo pero que no implica que el trabajo esté terminado.

Por este motivo, el pasado 26 de enero enviamos una carta abierta al reciente presidente Puigdemont -que, por cierto, no ha respondido- para recordarle los objetivos que todavía quedaban pendientes de asumir para la aplicación integral de esta ley y para saber si el nuevo gobierno tiene como prioridad terminar con la emergencia en la vivienda y la pobreza energética. Fruto de esta carta, se han realizado dos reuniones con la Generalitat: la primera con la Consejera Meritxell Borràs, el Secretario de Vivienda, Carles Sala, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de Consumo de Cataluña; y la segunda tan solo con el Secretario de la Vivienda, las dos agencias y sus respectivos responsables, Jaume Font y Alfons Conesa. En las reuniones mantenidas con los responsables del Gobierno, trasladamos un mensaje nítido y claro: es necesario aplicar con decisión y desplegar con celeridad este nuevo instrumento legislativo que nos brinda la oportunidad de revertir la emergencia de la vivienda en Cataluña.

Las cinco actuaciones urgentes que recogía la carta al President Puigdemont son: aprobar el reglamento de segunda oportunidad que permitirá a las familias dejar atrás el sobreendeudamiento asociado a la vivienda y comenzar de nuevo; movilizar la vivienda vacía de bancos y grandes tenedores necesario para realojar a las familias en situación de exclusión residencial mediante la cesión obligatoria; liberar a las familias de la deuda que se deriva de la pobreza energética firmando los convenios con las suministradoras de agua, luz y gas que la Ley establece; sancionar los incumplimientos de la Ley por los cortes que se producen, y dotar con una partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial.

Hace un mes y medio que el nuevo Gobierno de la Generalitat tiene sobre la mesa estas actuaciones prioritarias pero, a pesar de los avances, los tiempos se alargan de nuevo y no llegamos a ver el resultado deseado: trasladar el mensaje a los bancos y suministradoras de que esta norma ha llegado para quedarse y para parar la vulneración diaria de la vivienda en Cataluña.

Se trata de una Ley de emergencia, y por tanto, cada día que pasa sin aplicarse totalmente, esta se agrava y golpea a las familias catalanas. Las deudas de por vida, los desahucios y los cortes son inaceptables. Pero todavía es más escandaloso y alarmante tener herramientas para erradicarlos y no utilizarlas como hace falta.

En este sentido, es necesario que el Gobierno de la Generalitat tome de forma prioritaria las siguientes acciones:

1. Iniciar la tramitación del reglamento para habilitar el mecanismo de segunda oportunidad para que las familias puedan terminar con el sobreendeudamiento asociado a la vivienda habitual, que les asfixia. El vacío que genera la falta de este mecanismo provoca que algunas entidades financieras hagan chantaje a las familias condicionando daciones con renuncia al alquiler social que obliga por Ley.

2. Impulsar definitivamente la movilización de las viviendas vacías de los grandes tenedores (comenzando por los bancos) iniciando cesiones obligatorias, dando a la vez ejemplo y seguridad a los Ayuntamientos para que también las inicien. Los responsables del gobierno nos comunicaron que iniciarían todas las cesiones de vivienda vacía necesarias para atender los casos de la mesa de emergencia de la Generalitat de Cataluña. Todavía no hemos visto los resultados reales de esta afirmación. Mientras tanto, diariamente la PAH está realojando familias en exclusión residencial, con su campaña de la Obra Social, que tendría que estar realojando la Generalitat y los Ayuntamientos. También es un hecho innegable que, en estos momentos, entidades financieras como BBVA, la SAREB y otras tienen miles de viviendas vacías y se niegan a dar alquiler social a las familias afectadas que deben ocuparlas porque las administraciones no tienen ni movilizan suficiente vivienda social para atenderlas. La Generalitat y los Ayuntamientos pueden demostrar que quieren resolver la histórica infradotación de vivienda social en Cataluña iniciando la cesión de tantas viviendas vacías (22.000 de grandes tenedores ya identificados en Cataluña) como familias en exclusión residencial haya, cumpliendo con el artículo 5.6 de la Ley, que establece el derecho a realojo adecuado.

3. Hacer sentarse a las compañías suministradoras implicando representantes de máximo nivel del Gobierno, como el mismo Presidente o el Consejero Junqueras, para conseguir que en las próximas semanas se firmen convenios necesarios para que estas se hagan cargo de las ayudas necesarias y de los descuentos en las facturas de las personas en riesgo de exclusión residencial, como marca la Ley. Se debe asegurar el cumplimiento real del principio de precaución para frenar los cortes que todavía, hoy en día, se producen y hacer públicos los más de 65 expedientes sancionadores de denuncias por incumplimiento de esta ley que ya ha abierto la Agencia Catalana de Consumo.

4. Dotar de partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial. Ésto significa calcular qué presupuesto es necesario para dar cobertura a lo que determina la Ley, como por ejemplo: garantizar las ayudas de alquiler social para evitar desahucios en viviendas de pequeños propietarios, la formación de comisiones para el sobreendeudamiento, la ampliación del registro de viviendas vacías de grandes tenedores, y personal suficiente para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley.

Es de sentido común que, si hoy y mañana el Parlamento de Cataluña debate sobre la emergencia social en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la prioridad de este plenario sea activar todos los mecanismos necesarios para la aplicación efectiva de esta ley. El plan de choque para hacer frente a la emergencia habitacional lo ha marcado la ciudadanía y la sociedad civil hace tiempo y el mismo Parlamento, y este plan es: aplicar íntegramente la Ley 24/2015 y hacerla cumplir hasta terminar con las deudas de por vida, los desahucios, los cortes de suministros y la falta de vivienda social en Cataluña.

Con la misma contundencia que desde que nació la PAH hace 7 años y hasta ahora, hemos denunciado la vulneración diaria de los derechos a la vivienda en Cataluña y a sus responsables, comenzaremos a partir de hoy, a denunciar la inacción de los responsables de la aplicación de la Ley 24/2015, tal y como decidimos este mismo sábado en la asamblea de las PAHs catalanas.

#AvuiEsPot #StopEmergènciaHabitacional

Grupo Promotor de la ILP Vivienda, la Ley 24/2015

Barcelona, 9 de marzo de 2016

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