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APE alertamos en el Congreso de los Diputados sobre la insuficiente propuesta del bono social del gas

Nos reuniremos hoy y mañana con los diferentes grupos parlamentarios para trasladar nuestras demandas.

La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) estamos hoy y mañana en Madrid reuniéndonos con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para trasladarlos nuestras demandas en relación a la Proposición de Ley de medidas de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles por canalización, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista. El texto, que introduce entre otras medidas el esperado bono social de gas, se encuentra actualmente en periodo de enmiendas al articulado, a pesar de que la propuesta fue tramitada a Mesa el pasado mes de marzo de 2017.

Sin lugar a dudas, esta ley llega muy tarde. Ya la Unión Europea, a través de la Directiva 2009/73/CE, obligó los estados miembros a definir el concepto de cliente vulnerable y a tomar todas aquellas medidas para su protección en el ámbito del gas natural. Esta norma entró en vigor el septiembre de 2009 y más de ocho años y medio después, las afectadas por la pobreza energética todavía están esperando un gesto por parte de la clase política.

Cómo ya avanzamos en nuestro comunicado, la proposición presentada por el PSOE, ideada casi como una copia del bono social eléctrico, es del todo insuficiente para paliar los efectos de la pobreza energética. En primer lugar, deja para un posterior desarrollo reglamentario la definición de las diferentes categorías de consumidor vulnerable, dejando en las manos del Gobierno del PP su regulación, que ya ha demostrado en anteriores ocasiones que legisla en favor del oligopolio y no de las familias más vulnerables. En este sentido, si el futuro Real decreto contempla los mismos baremos de renta que los del bono social de electricidad, volveremos a constatar como una parte importante de la ciudadanía queda totalmente desprotegida (un 43% de las personas atendidas por pobreza energética en el caso de Barcelona, según el Instituto Municipal de Servicios Sociales).

En segundo lugar, el texto presentado establece la misma protección contra cortes de suministro que el bono social eléctrico, que carga sobre los Servicios Sociales la responsabilidad de afrontar una parte importante de la factura para evitar la interrupción, generando graves desigualdades entre afectadas según el municipio. En este caso, introduce una tregua invernal de noviembre a marzo, que no soluciona la cuestión de la deuda acumulada y que da a entender que la pobreza energética es una problemática estacional, cuando la realidad nos dice que sus efectos se sufren a lo largo de todo el año.

Desde el APE tenemos muy claro que sólo extrapolando los principios básicos de la Ley catalana 24/2015 al resto del Estado conseguiremos hacer frente a una situación que afecta el 11% de la población española.

Hay que introducir el principio de precaución y el silencio positivo como medidas centrales de cualquier norma que quiera acabar con la pobreza energética. Los más de 40.000 cortes evitados desde su entrada en vigor son el ejemplo más claro de su eficacia. Además, es imprescindible que las grandes compañías del sector gasista sean las que hagan frente a su financiación, y no los Servicios Sociales municipales.

Todas estas críticas y propuestas son las que estamos trasladando a los diferentes grupos parlamentarios a fin de que sean contempladas en la nueva ley y el posterior reglamento. Tenemos el ejemplo reciente del nuevo bono social eléctrico, que ha sido un auténtico fracaso a escala legislativa, como un error que no se puede volver a repetir. De hecho el mismo Partido Socialista, un mes después de la aprobación del RD, criticaba su insuficiencia, a pesar de haber apoyado, durante todo el proceso de tramitación. No se entiende pues que vuelva a plantear las mismas medidas por el bono social del gas.

En cuanto al bono social eléctrico, a principios de abril, se acaba el periodo previsto para su renovación, y como APE exigiremos los datos de familias acogidas para denunciar su nula operatividad, que ya estamos viendo en el día a día con las dificultades de su tramitación.

Queremos que la voz de las afectadas pueda ser escuchada en el Congreso y que los grupos políticos entiendan que hay que tomar medidas valientes si se quiere acabar con esta lacra. No queremos más medidas de cara a la galería pero que no responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Hace falta que cambiamos el paradigma y defendemos los derechos energéticos de todas. Queremos vivir en una sociedad libre de SIETE, FRÍO y OSCURIDAD!

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